La reciente decisión del Poder Judicial de rechazar la solicitud de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra ha generado una nueva polémica en el escenario político y judicial peruano. El juez a cargo del caso optó por dictar comparecencia con restricciones y un impedimento de salida del país por seis meses. Detrás de esta medida, voces del ámbito legal y cívico han salido al frente para cuestionar la actitud del magistrado, advirtiendo acciones legales en su contra.
Uno de los principales críticos es el abogado y exconsejero regional de Moquegua Luis Miguel Caya, quien expresó su desacuerdo con la decisión judicial y denunció supuestas irregularidades cometidas en el desarrollo de la audiencia. Caya sostuvo que el juez permitió a Vizcarra conectarse a una sesión bajo modalidad presencial portando logos de su partido político, Perú Primero.
“El juez está obligado a que se respeten las reglas dentro de una audiencia y dentro de ellas es no hacer proselitismo político. Y el señor Vizcarra estuvo haciéndolo, por eso la conducta del juez Alcocer es sumamente cuestionable. Nosotros vamos a evaluar la posibilidad de una denuncia en contra de este juez, porque no se puede permitir estos tipos de conductas. Parece que le tuviera cariño al señor Vizcarra. Llama mucho la atención”, declaró Caya en diálogo con Canal N.
Argumentos del juez Víctor Acolcer
El magistrado concluyó que la prisión preventiva “no resulta dable” en esta etapa, dada la posibilidad de emplear otras medidas menos gravosas para asegurar la presencia del acusado durante el proceso. En su resolución, Alcocer destacó que el Ministerio Público no acreditó un nivel suficiente de “sospecha grave” respecto a los hechos imputados y sobre la supuesta intención de fuga por parte de Vizcarra. La resolución señala que “no se verifica el grado de intensidad necesario para la existencia de fundados elementos de convicción que justifiquen una prisión preventiva”.
Si bien el juez advirtió que el cargo directivo que Vizcarra desempeña en la empresa Urbaniza, gestionada por su esposa, no es garantía de un arraigo laboral sólido, valoró los arraigos familiares y domiciliarios. No obstante, para evitar riesgos procesales, impuso comparecencia con restricciones y dictó impedimento de salida del país por seis meses. Entre las medidas, se incluye la obligación de no concurrir a sedes diplomáticas, la prohibición de comunicación con personas vinculadas a representaciones extranjeras, el control biométrico mensual y la obligación de justificar sus actividades cada 30 días.
A la salida de la audiencia, Vizcarra sostuvo que la decisión demuestra que la Fiscalía carece de pruebas concluyentes para justificar una privación de libertad. No obstante, anunció que apelará la resolución, al considerar inapropiadas ciertas medidas cautelares que incluyen controles biométricos e informar periódicamente sus actividades. El expresidente precisó que, desde hace más de cinco años, no viaja al extranjero y que su pasaporte está bajo poder de las autoridades fiscales, por lo que no existe riesgo de evasión.
Vizcarra está siendo juzgado por presunto cohecho pasivo propio, en calidad de autor, por hechos ocurridos en Moquegua entre 2011 y 2014, para los cuales la Fiscalía solicita 15 años de prisión. El caso continúa, ahora bajo un régimen de comparecencia con restricciones e impedimento de salida, en lugar de internamiento preventivo, tras una resolución judicial que priorizó la aplicación de medidas cautelares menos restrictivas ante la insuficiencia de elementos que justifiquen la prisión provisoria.