Javier Abel Cruz, líder indígena del pueblo yanesha y jefe de la comunidad nativa Alto Yurinaki, ubicada en el distrito de Perené (Junín), apareció este lunes en la comisaría de Huancayo luego de permanecer desaparecido desde el viernes 30 de mayo. Según relató, fue víctima de un secuestro por parte de seis sujetos que le exigieron a su familia el pago de S/50,000 por su liberación.
El hallazgo fue realizado por personal del Serenazgo de Huancayo, quienes lo identificaron mientras deambulaba en la Plaza de la Constitución. “Estaba pálido, temblando, asustado y totalmente desorientado. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado hasta la ciudad”, relató el jefe de operaciones de Serenazgo, Miguel Mallco Ramos. Tras prestarle primeros auxilios, Cruz fue trasladado a la comisaría central, donde confirmó su identidad y quedó bajo resguardo policial.
“Me interceptaron en el puente y me pidieron plata”
En declaraciones registradas por el personal de serenazgo, Cruz relató que fue secuestrado mientras regresaba a su vivienda tras asistir a una reunión convocada por la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec). El hecho ocurrió en el puente Puerto Yurinaki, en Chanchamayo.
“Me agarraron en el camino. Me están pidiendo S/50 mil. Han mandado un mensaje, mediante mi celular, para que puedan depositar plata para que me puedan liberar. Pero ellos saben que mi familia no tiene plata”, declaró. También indicó que fue trasladado en una camioneta hasta Huancayo y que permaneció retenido “por los cerros de Huánuco”.
Durante los días de su desaparición, su esposa denunció que había recibido mensajes extorsivos desde el celular del líder indígena, solicitando el pago de S/30 mil, monto que, según precisó, había sido retirado por Cruz para financiar proyectos de la comunidad.
Investigación en marcha por secuestro
La Fiscalía Mixta Penal de Pichanaqui, previamente, abrió una investigación preliminar por el delito de secuestro en agravio de Javier Abel Cruz. La fiscal Patricia Toribio Rivera dispuso diligencias para identificar a los autores del hecho y establecer cómo fue trasladado hasta Huancayo.
El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sangani fue encargado de realizar acciones de inteligencia, revisar cámaras de seguridad y recabar testimonios en la zona donde fue visto por última vez. Durante la búsqueda, la Policía solo halló su motocicleta, algunas prendas, las llaves del vehículo y el tocado de autoridad comunal.
Teddy Sinacay, presidente de Ceconsec, explicó que Cruz había enviado audios alertando que su vida estaba en peligro. Poco después, se recibieron amenazas desde su número personal. Aunque el móvil del crimen aún no está confirmado, se sospecha que podría estar relacionado con conflictos territoriales o disputas internas.
Contexto de riesgo para defensores indígenas
El caso de Javier Abel Cruz se enmarca en un contexto de creciente violencia hacia defensores indígenas en la Amazonía peruana. Un reciente informe de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y ProPurús advierte que al menos 226 líderes y lideresas indígenas viven actualmente bajo amenaza, especialmente en las regiones de Ucayali, Loreto y Huánuco.
El documento revela que pueblos como los Shipibo-Konibo, Asháninka, Kakataibo, Yine y Awajún enfrentan un entorno hostil marcado por el tráfico de tierras, la minería ilegal, la tala indiscriminada y la presencia de organizaciones narcotraficantes. Las amenazas incluyen asesinatos, desapariciones forzadas y hostigamiento sistemático, ante una débil respuesta estatal.
Próximas acciones
Las autoridades continúan investigando las circunstancias del presunto secuestro de Javier Abel Cruz. Su caso generó preocupación entre organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos, que exigen medidas de protección para los líderes comunitarios en zonas vulnerables. La Central de Comunidades Nativas de la Selva Central pidió garantías para su integridad y la de otras autoridades comunales.
El Ministerio del Interior aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Mientras tanto, la comunidad de Alto Yurinaki y organizaciones aliadas reiteran su demanda de justicia y protección ante los crecientes riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio y los derechos colectivos en la Amazonía.