Una pareja de trabajadores de seguridad ciudadana en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, enfrentan una investigación en su contra luego de que se difundiera un video de ambos presuntamente manteniendo relaciones sexuales al interior de un patrullero durante sus horas de trabajo.
El metraje fue grabado por trabajadores del servicio de limpieza pública hace más de un mes, el pasado 20 de diciembre del 2024; cuando ambos agentes de seguridad habían sido asignados a resguardar los alrededores del Mercado Modelo.
Supuestamente, ambos agentes abandonaron sus puestos asignados en las calles cercanas para evitar el comercio ambulatorio para ingresar a una camioneta inoperativa estacionada dentro de la base serenazgo de la ciudad.
El video generó diversos señalamientos al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, pues los dos agentes siguen trabajando en la central de seguridad ciudadana y tanto la alcaldesa, Janet Cubas Carranza; como el gerente de seguridad ciudadana, Roy León Rivera; aún no se han pronunciado respecto a posibles sanciones contra los agentes.
Según RPP, el único pronunciamiento hasta la fecha provino del gerente León Rivera, quien solo ha confirmado que el hecho se realizó al interior de la base de serenazgo y que hoy se emitirán los informes correspondientes para seguir con el proceso administrativo disciplinario correspondiente. La alcaldesa Cubas también habría indicado que esperará el informe antes de actuar.
Incluso los obreros del servicio de limpieza pública enfrentaron cuestionamientos por presuntamente haber utilizado inadecuadamente maquinaria -lo que llevó a que esta se halla averiado- y no reportar a tiempo su ausencia del lugar de trabajo; todo por un supuesto pacto colectivo por el que tienen permitido trabajar solo 4 horas en la temporada de verano, lo que además perjudica el cumplimiento del recojo de la basura a tiempo.
Por su parte, aun grupo de regidores se ha mostrado muy crítico sobre el hecho y también contra la gestión de la alcaldesa Cubas, pues afirman que no se está sancionando a todos los funcionarios que están incurriendo en faltas administrativas.
Sanciones severas por difusión de contenido sexual
Desde el pasado 8 de agosto, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N.° 1625, que modifica los artículos 154-B y 158 del Código Penal e introduce un nuevo artículo “5-A” en la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos. Con ello se buscó fortalecer el marco legal sobre el uso de tecnologías digitales relacionadas con la difusión de contenido sexual.
Las modificaciones del Código Penal establecen que la persona que caiga en el “uso de tecnologías digitales para la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual” será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, además de 30 a 120 días-multa.
La condena será no menor de tres ni mayor de cinco años cuando se den cualquiera de las siguientes circunstancias:
- Cuando la amenaza a la víctima se refiera a la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en los que esta aparece o participa.
- Cuando la víctima mantenga o haya mantenido una relación de pareja con el agente, hijo o hayan sido convivientes o cónyuges.
- Cuando la víctima es menor de 18 años de edad.
¿Qué hacer en caso de violencia sexual?
Si conoces o eres víctima de situaciones de violencia o abandono familiar, puedes comunicarte de forma gratuita Línea 1810 (Línea de Ayuda a Niñas, Niños y Adolescentes), que funciona las 24 horas del día y es atendida por profesionales en derecho, psicología y trabajo social.
La Línea Síseve, con el número 0800-76888, es gratuita y permitirá reportar cualquier caso de manera confidencial a nivel nacional. La atención telefónica es de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 8.00 p.m. y brinda respuestas en español y en quechua.
También se puede contactar con la Línea 100, que atiende casos de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar y brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”.