ONU felicita al Perú por la tasa de registro de nacimientos, pero cuestiona la cifra de menores desaparecidos y víctimas de violación

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha reconocido los avances significativos de Perú en el registro de nacimientos, un paso importante para garantizar el derecho a la identidad de los niños y niñas. Sin embargo, este reconocimiento ha venido acompañado de inquietudes en torno a la alarmante cifra de menores desaparecidos y la persistente violencia sexual contra los más jóvenes.

El pasado 21 de enero, tras culminar su revisión de los informes periódicos sexto y séptimo combinados de Perú, la delegación destacó que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), responsable de las inscripciones ordinarias de nacimientos, viene realizando un estupendo trabajo en la última década. Mientras que en 2013 se registraron 649.906 nacimientos, para 2022 esta cifra alcanzó 498.966.

Además, las inscripciones extemporáneas (realizadas fuera de los 60 días establecidos) disminuyeron de 99.154 en 2013 a solo 8.451 en 2022, gracias a estrategias como el uso de tecnología, el registro itinerante en zonas remotas y la implementación del certificado de nacido vivo en establecimientos de salud.

Cuestionamientos

Sin embargo, este reconocimiento no estuvo exento de cuestionamientos. La ONU también expresó su preocupación por el elevado número de menores desaparecidos. Según datos recientes mencionados por funcionarios del gobierno de Dina Boluarte, solo en el 2024, hubo entre 700 y 800 menores de entre 12 y 17 años que fueron denunciados como desaparecidos cada mes.

Otro punto cuestionado fue la alta prevalencia de violencia sexual contra menores, un problema que persiste en todo el territorio nacional y que se da en un gran porcentaje en el seno familiar y en el entorno escolar. Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en 2024, hubo alrededor de 7.000 denuncias de abuso sexual, de las cuales el 60% se referían a niños y adolescentes. Además, mostraron preocupación por la situación alarmante en la provincia de Condorcanqui que ha registrado 500 casos de abuso cometidos por profesores.

Ante esta situación, quienes integran el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, cuestionaron el Estado peruano qué estaba haciendo ante diversas problemáticas que afectan a la niñez. En sus observaciones, señalaron que, además de la falta de respuestas efectivas por parte de la Policía Nacional (PNP), han tomado conocimiento que el Ministerio Público y Poder Judicial no han actuado de manera adecuada frente a los casos relacionados con la protección de los menores. Esto incluye la falta de diligencia en la atención de denuncias de abuso, violencia y desaparición, así como la escasa celeridad en la resolución de los casos.

“¿Se estaban realizando mejoras en la formación de la policía, los fiscales, los jueces y los trabajadores sociales en relación con los casos en que los niños eran víctimas de violencia sexual?”, fueron algunas de las preguntas hechas por Philip Jaffe, experto del Comité y miembro del equipo de trabajo del país.

Así respondió el Gobierno

A pesar de estos desafíos, se destacó algunas acciones positivas adoptadas por el Estado peruano. Por ejemplo, la entrega de kits de emergencia para víctimas de violencia sexual, la implementación de la ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años, una norma que expulsa inmediatamente de cualquier escuela del país a todo docente acusado de abuso sexual, la implementación del Programa Nacional Aurora, y el lanzamiento de la Estrategia Multisectorial “Prevenir para Proteger”, la capacitación a miembros de la Policía para la atención de estos casos, entre otras acciones que son mencionadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el informe.

Otro tema que se aborda en el informe es sobre el aborto terapéutico. El Comité de la ONU cuestionó a Perú por no cumplir con sus recomendaciones sobre la despenalización del aborto en casos de embarazos infantiles y el acceso a servicios de aborto legal y seguro para niñas embarazadas. También expresó preocupación por la resistencia de la comunidad médica a realizar abortos, especialmente en casos terapéuticos.

En respuesta, el MIMP informó que se ha incrementado la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia, alcanzando las 40.000 unidades en 2024, las cuales se entregaron de forma gratuita. Además, señalaron una disminución en los embarazos adolescentes, pasando del 13% en 2023 al 8% en 2024. En cuanto al aborto, confirmaron que no está penalizado en casos de violación o malformación fetal. Sin embargo, se ha brindado la capacitación continua al personal de salud, educativo y judicial sobre la legislación relacionada con el aborto terapéutico.

Por último, el Comité instó al Perú a priorizar la protección integral de los derechos de la niñez y a redoblar esfuerzos para combatir estas problemáticas. Esto incluye fortalecer el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, garantizar el acceso a la justicia y reforzar las medidas preventivas contra la violencia sexual. Asimismo, subrayó la necesidad de mejorar la recopilación de datos desglosados para identificar las áreas de mayor riesgo y diseñar políticas públicas más efectivas.

El informe presentado por Perú comprende el período de 2013 a 2024 y aborda aspectos como salud, educación, igualdad de género y la situación de los niños afrodescendientes y migrantes, evidenciando tanto los avances como los retos en la protección de la infancia.