A poco menos de un mes de culminar el año, nuevamente nos preguntamos si los recursos con los que cuentan los Gobiernos regionales y municipalidades, para inversión, se vienen ejecutando con la celeridad del caso. Mientras que el nivel de ejecución de los primeros registró un avance del 70.5%, los segundos solo alcanzaron el 55%. Esta situación es la de todos los años. Demanda la atención no solamente de la administración pública, sino también de la sociedad en su conjunto.
Existen municipalidades como las de Lambayeque y Pasco, que apenas han ejecutado el 34.8% y 37.4%, respectivamente, de su presupuesto asignado para inversión pública. Le siguen los de Huancavelica, Huánuco y La Libertad, que no superan el 45% de ejecución. En resumida cuenta, la ejecución presupuestal de los Gobiernos locales en 11 departamentos no alcanza el 50%.
Al revisar los presupuestos de las municipalidades por sectores, uno se encuentra con niveles de ejecución que dejan mucho que desear, más aún siendo sectores clave en lo que a servicios para la población se refieren.
Por ejemplo, en materia de inversión pública asociada al sector Transporte, las municipalidades del departamento de Lambayeque apenas han ejecutado el 23.2% de su presupuesto; las de Huancavelica, el 28.6%; y las de Junín, el 31.7%. En lo que respecta a Saneamiento, las municipalidades del departamento de Pasco apenas han ejecutado el 8.6% de su presupuesto; las de Lambayeque, el 23.3%; y las de Tumbes, el 38.5%. En cuanto a Orden Público y Seguridad, las municipalidades del departamento de Lambayeque solo han ejecutado el 4.8% de su presupuesto; las de Huancavelica, el 26.5%; y las de Madre de Dios, el 32.8%.
Oportunidades de mejora siempre existen, pero lamentablemente no se ponen en práctica eficientemente. Con casi un cuarto de siglo encima y más de 20 años de implementada la descentralización en nuestro país, urgen cambios, acciones, medidas que hagan que los recursos públicos finalmente se traduzcan en servicios de calidad para todos. Empecemos por ser conscientes de la falta de capacidades de los funcionarios.
En 2023, el 74.5% de las municipalidades a nivel nacional requerían capacitaciones en procedimientos administrativos; el 70.8% necesitaban formación en administración tributaria; y el 67.7% requería de capacitaciones en formulación y evaluación de proyectos públicos, de acuerdo con el informe de Indicadores de Gestión Municipal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Luego, convengamos que las sanciones para funcionarios públicos que delinquen sean las más severas. Una muerte civil efectiva y permanente en algo podría disuadir las malas prácticas. Resulta inaudito que malos profesionales roten en la administración pública, llevando consigo solo malos resultados en el ejercicio de sus funciones.
En ese sentido, urge implementar acciones para atraer el mejor talento a la administración pública. Se debe buscar las herramientas legales y procedimentales para que el sector privado aporte su experiencia para una mejora en la ejecución de los recursos públicos. Elevar la calidad de los perfiles técnicos, capacitar funcionarios. Se pueden hacer muchas cosas desde la colaboración público-privada, pero son las jurisdicciones: Gobiernos regionales y municipalidades, las que deben estar dispuestas a recibir la ayuda. Tienen que dejarse ayudar.
Si queremos un cambio real hacia los próximos veinticinco años, para que los recursos que se generan por la actividad privada no pierdan legitimidad, siendo gestionados por administraciones y funcionarios con poca capacidad de resolución, es tiempo de actuar ahora.