El despacho de la presidenta Dina Boluarte está siendo cuestionado por incurrir en supuestos gastos excesivos e injustificados en órdenes de servicio. Durante los primeros cinco meses del 2024, se desembolsó más de medio millón de soles (aproximadamente 150 mil dólares) en contrataciones para trabajos ‘duplicados’, expuso el dominical Panorama.
El reportaje detalla que estas órdenes incluyen servicios de apoyo en control documentario y servicios archivísticos, funciones que ya supuestamente deberían ser cubiertas por el personal existente del Despacho Presidencial.
En febrero de 2024, de acuerdo a la denuncia periodística, se contrataron tres personas para servicios relacionados con las contrataciones públicas, cada una recibió pagos que oscilan entre los 16 mil y 27 mil soles. Estas funciones, en la práctica, para expertos consultados por el programa de investigación, son ‘duplicadas’.
Para Panorama, un caso particular es el de Camila Solezzi Ludeña, quien obtuvo su primer empleo estatal en enero de 2024 en el Despacho Presidencial, sin tener experiencia previa en el sector público.
Contratos simultáneos
La investigación también reveló casos de personas que, mientras prestaban servicios al despacho presidencial, obtenían contratos simultáneos con otras entidades públicas. Por ejemplo, Edwar Ramos Pachas recibió 16 mil soles para trabajos logísticos en el despacho presidencial el 1 de febrero de 2024 y dos días después firmó otro contrato con Fondepes por 28 mil soles.
Fredy Hinojosa, jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, defendió estas contrataciones y sostuvo que cada trabajador tiene funciones específicas establecidas en un documento público, conocido como clasificador de cargos.
No obstante, de acuerdo a expertos consultados por el dominical, esta explicación no abordaría las preocupaciones sobre la duplicidad de funciones y la innecesaria contratación de personal externo.
José Trelles, abogado especialista en contrataciones del Estado, señaló que estas prácticas ‘infringen el marco general de contrataciones’ y suponen una fragmentación para evitar la competencia, lo que supuestamente constituiría ‘una infracción’.
“Además de la infracción al marco general, habría en este caso una ya una infracción a la operatividad de la contratación. Es decir, contrataciones fraccionadas, cortadas en el tiempo y en la oportunidad con la intención única aparentemente de evitar la competencia”, manifestó Trelles al dominical.
Niegan irregularidades en contratos
En respuesta, la Presidencia de la República emitió un comunicado, que consta de seis puntos, para negar cualquier irregularidad en las contrataciones develadas en la denuncia periodística.
Además, se remarcó que estos contratos están bajo supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y “se encuentran debidamente registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y publicados, conforme a la normativa, en el Portal de Transparencia de libre acceso para cualquier ciudadano”.
“El Despacho Presidencial, como en años anteriores, realiza estas contrataciones de servicios de carácter temporal para atender necesidades específicas, con el fin de cumplir con los objetivos institucionales”, se mencionó.
En el comunicado oficial, también se enfatizó en que “el gasto público realizado por el Despacho en lo referido a contratación de locadores, no excede, en modo alguno, lo presupuestado para cada año”.
“Justamente, cada año, la Contraloría General de la República a través de una Sociedad Auditora, realiza una auditoria de los estados financieros y presupuestarios, a fin de verificar la legalidad del gasto y la gestión. Desde el Despacho Presidencial garantizamos el cumplimiento y respeto de la ley en todas nuestras contrataciones”, se concluyó.
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