Caso Rolex: Dina Boluarte seguirá investigada por ocho meses más ante la Fiscalía de la Nación

La Fiscalía de la Nación ha ampliado la investigación contra Dina Boluarte por un periodo de 240 días adicionales en el marco de las pesquisas seguidas por el “caso Rolex”. Las pesquisas fueron incrementadas por 8 meses más, luego de vencerse el plazo de ampliación de investigación en contra de la mandataria, en el que se incorporó al Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, como investigado; además de agregarse el delito de cohecho por haber sido quien le entregó los cuantiosos relojes Rolex en calidad de “préstamo indefinido”.

Esta determinación surge tras las declaraciones de Boluarte sobre la procedencia de los relojes, implicando a Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, en un complejo entramado legal que incluye delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. Infobae Perú pudo conocer de primera mano esta información en una entrevista realizada en exclusiva al nuevo abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, quien confirmó este hecho.

“Ha ampliado la Fiscalía, ahí veremos si esa ampliación es legal; veremos porque hemos presentado una acción legal al Ministerio Público, porque consideramos que esa prórroga de prórroga está prohibida”, señaló el letrado para este medio.

Las ampliaciones al caso de Dina Boluarte

Como se sabe, el ‘caso Rolex’ se inició formalmente el 18 de marzo de 2024 y, en principio, se estipuló un periodo de 30 días para completar las indagaciones preliminares. Sin embargo, los eventos dieron un giro significativo cuando Boluarte, en su un mensaje a la Nación posterior a su comparecencia del 1 de abril, reveló que los Rolex fueron recibidos de su “wayki” (amigo cercano), el gobernador Wilfredo Oscorima, aparentemente como un préstamo con una fecha de devolución indeterminada.

Tras ello, el Ministerio Público dispuso la ampliación de la investigación mediante un anuncio el 24 de abril de este año, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. En dicho anuncio, el fiscal señaló que a Boluarte se la investigaba por la posesión de joyas u objetos de valor tasados en más de US$556 mil.

Las acusaciones de cohecho y enriquecimiento ilícito no solo afectan a Boluarte, sino que también envuelven a Oscorima en potenciales delitos que podrían tener serias repercusiones políticas y legales. De confirmarse la falta de transparencia en este préstamo y si se demuestra que el objeto fue utilizado como soborno, las consecuencias para ambos protagonistas serían graves.

Ahora, al vencerse esta primera ampliación, el fiscal Juan Carlos Villena Campana ha dispuesto una segunda ampliación que es ahora materia de debate. La segunda ampliación de la investigación fue dispuesta por el fiscal a cargo del caso, en parte como una alternativa al proceso de acusación constitucional que debería haber procedido inicialmente.

Defensa de Boluarte pedirá el archivo del caso

En esta etapa, el abogado defensor de Boluarte, Juan Carlos Portugal, expresó su desacuerdo con la prolongación del periodo investigativo.

“Si (el fiscal) quisiera acusar, hubiese ya concluido, lo que ha hecho el fiscal es prorrogarlo por 240 días más; con el propósito de analizar definitivamente la situación de la presidenta. De tal manera que, al día de hoy, no hay una posibilidad de denuncia constitucional”, señaló Portugal en una entrevista exclusiva para Infobae Perú.

En el procedimiento preliminar de investigación, generalmente se contemplan una primera ampliación y posteriormente, la resolución mediante archivamiento del caso o una acusación constitucional. No obstante, Villena Campana, el fiscal encargado, optó por una tercera vía, extendiendo el proceso investigativo. Esta decisión ha generado descontento en la defensa legal de Boluarte, que planea requerir una audiencia de control de plazos.

El objetivo de dicha audiencia es clarificar los periodos y evitar la ampliación excesiva de la investigación. La defensa busca lograr que el Poder Judicial ordene el archivamiento de la investigación, argumentando un abuso en la extensión de los plazos preliminares.