“Todo es en verdes”: fiscal y congresista Magaly Ruíz pactaron en dólares para archivar caso ‘Mochasueldo’, según colaborador eficaz

Un colaborador eficaz expuso ante el Ministerio Público las presuntas negociaciones bajo la mesa entre el fiscal provincial de lavado de activos, Richard Rojas, y la legisladora

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Fuente: Latina TV

Un colaborador eficaz expuso ante el Ministerio Público cómo la congresista Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) supuestamente negoció con el fiscal provincial de lavado de activos, Richard Rojas, para archivar su caso penal por recortar el salario de sus trabajadores, según el testimonio al que accedió este domingo la Unidad de Investigación de Latina.

De acuerdo con el colaborador, registrado bajo la clave de CE 01-69-2023, el magistrado y su hermano, Alex Rojas, se reunieron con la legisladora y uno de sus trabajadores el 10 de marzo de 2023. La cita fue en el domicilio de Ruíz.

“Richard David Rojas Gómez indicó bueno, he revisado el caso, de lo que tengo periodísticamente, tenemos que esperar las notificaciones de fiscalía para ver qué fiscal va a asumir el caso, yo me puedo encargar de buscar quién es el fiscal y con base en eso podemos tener una línea más clara de lo que se nos viene en el proceso”, dijo el ayudante de la Fiscalía.

Según ese mismo testimonio, el fiscal solicitó la contratación de sus dos hermanos y un pago en dólares como contraprestación por su intervención en el caso. “Para poder ayudarlos tengo que hacer unos requerimientos, el primero es que mi hermano Alex sea contratado en su despacho como asesor principal, y mi otro hermano, que tengo en Trujillo, sea contratado como auxiliar, coordinador o asistente”, habría dicho el magistrado.

Magaly Ruíz en una fotografía de archivo. Foto: Congreso de la República/Flickr
Magaly Ruíz en una fotografía de archivo. Foto: Congreso de la República/Flickr

De acuerdo con el colaborador, la diputada se mostró reticente a contratar a dos miembros de la misma familia en su despacho, aunque planteó alternativas. “Es imposible contratar a dos familiares en un mismo despacho, además es difícil que su hermano asuma la responsabilidad de la asesoría del despacho, pero le doy la opción de ser técnico del despacho”, habría dicho.

El hermano del fiscal, según esa declaración, replicó así: “No, yo debo asumir la asesoría principal”, a lo que la congresista contraofertó: “Eso no se va a poder, porque no tienes la experiencia, pero puedes ser asesor II del despacho”. En ese momento, el magistrado intervino en la negociación.

“Bueno, si va a ser asesor II y mi otro hermano no va a ser contratado, se me tiene que reconocer mi trabajo de gestión en el proceso, además que se deberá pagar los requerimientos de gestión que se necesiten internamente”, habría requerido ante la aceptación de Ruíz: “Está bien, me indica cuánto es el efectivo en soles”. Sin embargo, el fiscal la zanjó: ‘No, en soles no, todo es en verdes’”.

La reunión terminaría cerca de las 4:30 p. m. Al mes siguiente, Alex Rojas fue contratado en el cargo de confianza de asesor II por S/ 9 mil mensuales en el despacho de la congresista. Latina intentó sin éxito contactar a la parlamentaria y los implicados para obtener sus comentarios sobre las acusaciones.

Fotografía de la sede de la Fiscalía en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de la sede de la Fiscalía en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Como resultado de estas revelaciones, Ruíz, el fiscal y su hermano enfrentarán una nueva investigación penal abierta por la Fiscalía el último 11 de abril, bajo los cargos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, según confirmó la televisora. Solo días antes, la Procuraduría General del Estado había solicitado al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, iniciar diligencias preliminares.

Blindada

En febrero de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso blindó a Ruíz al archivar la denuncia que la implicaba en el recorte de salarios a miembros de su personal. En la sesión, Elizabeth Medina, legisladora del Bloque Magisterial y delegada del proceso, argumentó que “no se ha demostrado que la congresista acusada haya incitado o ‘forzado’” a Carlos Marina, quien hizo público el caso en 2023.

Marina acusó a la parlamentaria de obligarlo a contribuir mensualmente con S/ 1500. Según él, este monto funcionaba como una especie de ‘caja chica’ para la congresista. Otro exempleado reveló la existencia de peticiones para realizar depósitos destinados a supuestos eventos benéficos.