La congresista de Renovación Popular y pastora evangélica, Milagros Jauregui Martínez de Aguayo, negó que su cuestionado proyecto de ley que “reconoce el derecho” de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciban sus hijos, esté relacionada con la fe que profesa.
La parlamentaria aseguró que está de acuerdo con que se enseñe educación sexual, pero considera que ello es “abrir una puerta muy peligrosa para los niños”. Citó casos en los que docentes han sido acusados de violencia sexual en agravio de estudiantes, pero no indicó como estos casos se relacionan con el hecho de que se imparta educación sexual integral (ESI) en las aulas. Tampoco planteó medidas para que el Estado seleccione mejor a los profesionales para los centros educativos.
Organizaciones han expresado su preocupación ante la iniciativa legislativa debido a que podría limitar el acceso de los menores a una educación sexual integral.
¿De qué trata el cuestionado proyecto?
El pasado 15 de abril, la congresista María Jáuregui Martínez de Aguayo, del partido Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca que los padres de familia tengan la potestad de decidir sobre la educación sexual de sus hijos. Esta propuesta, sin embargo, ha despertado controversias por temores de que limite el acceso de los jóvenes a información esencial para su desarrollo. Según comentan expertos en el tema, este movimiento ha sido criticado por posiblemente vulnerar los derechos de los menores a recibir una educación sexual integral y de calidad.
El texto propuesto sugiere una modificación al artículo 5 de la Ley General de Educación (Ley 28044), especificando que los padres puedan elegir el tipo de educación según sus convicciones morales y religiosas. Este proyecto ha obtenido el respaldo de otros 13 parlamentarios de distintas bancadas, entre ellos destacan nombres como Jorge Montoya Manrique, José Cueto Aservi, Gladys Echaíz de Núñez y Rosio Torres Salinas. La propuesta ha generado un debate sobre el papel del Estado en la educación sexual y la autonomía de los menores en su derecho a una información adecuada.
Desde la oposición, la congresista Ruth Luque del bloque Cambio Democrático-Juntos por el Perú, ha expresado su preocupación arguyendo que la medida propuesta podría atentar contra el derecho fundamental de los niños y adolescentes a acceder a una educación que los proteja y guíe. Luque subraya la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en la prevención de violencia, abusos sexuales y la reducción de embarazos no deseados entre adolescentes, un problema latente en la sociedad peruana.
Organizaciones civiles como Manuela Ramos y Flora Tristán han resaltado la necesidad de mantener la ESI dentro del currículo escolar para enfrentar desafíos como el alto índice de embarazos adolescentes, que solo en 2023 registró más de 42,000 casos según datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV).