Ausencia del Estado permite el crecimiento de mineros ilegales en la Amazonía, denuncian pueblos indígenas

Al norte del Perú, la minería ilegal está llegando a su punto más álgido. En la región de Amazonas, específicamente en la cuenca del río Santiago, área fronteriza con Ecuador, los líderes de la Nación Wampís —el primer Gobierno Autónomo Indígena en el país— denuncian que, desde octubre de 2023, la situación viene empeorando rápidamente.

De acuerdo a los wampis, la problemática se agudizó tras las operaciones policiales en el río Cenepa, lo que provocó que los mineros ilegales se desplazaran hacia el Santiago, aumentando los conflictos. Hoy, a pesar de las intervenciones del Ejército y la Policía, la extracción ilegal de oro continúa expandiéndose.

Pues, según un reportaje de Mongabay Latam, existen 70 puntos de minería ilegal a lo largo de 38 kilómetros del Cenepa, que afectan a diario a comunidades awajún.

En el mismo informe también se señala que, desde el 13 de febrero de 2024, la Nación Wampís ha implementado una estrategia de defensa contra la extracción ilegal de oro en sus territorios, involucrando la incautación de embarcaciones y equipos utilizados en dichas actividades ilícitas.

De esta forma, encabezados por el llamado Ejército Verde, un grupo de vigilantes han logrado detener temporalmente a varios mineros implicados en la afectación a sus tierras ancestrales. Sin embargo, los wampis informan que las medidas tomadas no son suficientes para erradicar por completo el problema.

Ante ello, el presidente de la Nación Wampís, Teófilo Kukush, ha expresado su preocupación al Gobierno sobre la severidad del impacto que la economía ilegal está causando en las comunidades nativas cercanas al río Santiago.

No obstante, Kukush señala que, a la fecha, no han recibido una respuesta institucional efectiva que aborde la crisis ambiental y social que enfrentan.

Por su parte, Shapiom Noningo, secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), ha cuantificado el daño, estimando que la deforestación provocada por estas prácticas mineras supera ya las 40 hectáreas en la cuenca del Santiago.

Por otro lado, los wampis han denunciado que los actos de hostigamiento, amenazas y abusos sexuales contra las comunidades nativas se han intensificado en paralelo a la expansión de la minería ilegal a lo largo del río Santiago.

Sobre ello, expertos en materia ambiental han cuestionado la actitud de las autoridades frente a este desafío. Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente, advierte la magnitud de la actividad ilícita en el departamento de Amazonas como un claro indicador de la falta de acción estatal pertinente.

Por otro lado, el abogado en materia ambiental César Ipenza critica la falta de convicción real del Estado en el combate contra esta amenaza, lo cual se traduce en una nebulosa de políticas públicas que no logran atajar la raíz del problema.

Además, los especialistas agregan que los testimonios de violencia y marginalización demandan una respuesta más firme y coherente por parte de las autoridades peruanas, en aras de salvaguardar tanto el patrimonio natural como el bienestar de los pueblos originarios.