Penas por disturbios entre barras bravas podrían ser de hasta 35 años de cárcel, alerta el Poder Judicial

La normativa legal busca frenar la violencia en partidos de fútbol, aplicando sanciones rigurosas a quienes perturben la paz pública y privada

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Barras bravas en Alianza vs Universitario (Composición)
Barras bravas en Alianza vs Universitario (Composición)

El magistrado del 12° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de LimaRoger Renato Vargas Ysla, anunció recientemente que el Código Penal contempla sanciones severas hacia miembros de las barras bravas que incurran en actos de vandalismo. Estas sanciones incluyen penas de prisión que van desde los 6 hasta los 35 años, dependiendo de la gravedad del acto, como daños a la propiedad pública o privada, lesiones graves o la muerte de ciudadanos.

Según las declaraciones de Vargas Ysla, el Código Penal ha incorporado el delito de disturbios, entendiendo por estos las aglomeraciones que, ya sea dentro del recinto deportivo o en sus inmediaciones, resultan en daños materiales significativos, lesiones o incluso la muerte de individuos.

Asimismo, el magistrado hizo hincapié en que, en el caso de menores involucrados en estas acciones dentro de las barras bravas, se aplicarán tratamientos especiales. Estas medidas incluyen programas socioeducativos o el internamiento en centros juveniles, en línea con las convenciones internacionales suscritas por el Estado.

El contexto de estas declaraciones surge tras un reciente enfrentamiento entre aficionados de los equipos Universitario y Alianza Lima en la urbanización Nocheto, en el distrito de Santa Anita.

Roger Renato Vargas Ysla, magistrado del 12° Juzgado de investigación Preparatoria de la Corte de Lima.
Roger Renato Vargas Ysla, magistrado del 12° Juzgado de investigación Preparatoria de la Corte de Lima.

Este incidente no solo dejó a varios heridos, incluyendo dos adultos y dos menores, sino que también motivó a las autoridades y a la Gestión del Fútbol a tomar la decisión de que los siguientes partidos de ambos equipos se lleven a cabo sin la presencia de sus respectivas barras en las tribunas. Este hecho refleja la creciente preocupación por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, en eventos que tradicionalmente congregan a grandes multitudes.

La problemática entorno a la violencia en eventos deportivos y su impacto en la seguridad pública y privada ha llevado a una revisión más exhaustiva de las leyes y las medidas punitivas aplicables. Las autoridades peruanas siguen trabajando para frenar estos incidentes de violencia y garantizar que el fútbol, un deporte celebrado por su capacidad de unir a la gente, no se convierta en un vehículo para la agresión y el desorden social.

Municipalidad de Santa Anita rechaza violencia de barras bravas

La Municipalidad de Santa Anita rechazó la violencia desatada por las barras bravas y lamentó que ester accionar siga sucediendo en el distrito. De acuerdo a su pronunciamiento, hicieron el resguardo correspondiente tanto en la autopista Panamericana como en la avenida 22 de julio.

Un video muestra el momento en que un barrista realiza los disparos. - Crédito: Captura de video
Un video muestra el momento en que un barrista realiza los disparos. - Crédito: Captura de video
“Estos presuntos delincuentes iniciaron estas grescas en ambos lugares, incluso quedando herido un efectivo policial. Reiteramos que varios vecinos de la zona siguieron las recomendaciones brindadas minutos (antes) por parte del serenazgo, como el no salir de sus viviendas y estén a buen resguardo”, dijo la entidad.

“Incluso en el operativo se encontró una réplica de arma de fuego. El Alcalde Olimpio Alegría está realizando el seguimiento del caso bajo investigación policial para que le caiga todo el peso de la ley a los agresores por alterar el orden público”, agregó.

Por su parte, ambas instituciones protagonistas del incidente, Alianza Lima y Universitario de Deportes, publicaron un texto conjunto donde rechazan “categóricamente toda forma de violencia, sin importar el contexto en el que ocurra”.

“La delincuencia no puede justificarse ni camuflarse en nombre del deporte. Instamos a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables”, se lee en el escrito.