Organizaciones feministas denunciaron este miércoles una nueva arremetida antiderechos y contra la igualdad desde el Legislativo, luego de que la Comisión de la Mujer del Congreso diera luz verde a un predictamen que propone declarar de interés nacional el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables.
La iniciativa fue planteada por la presidenta del grupo parlamentario, Milagros Jáuregui (Renovación Popular), una diputada que defiende ideas misóginas y difunde desinformación sobre el aborto terapéutico. “Con esta ley, buscamos reafirmar el papel central de la familia en nuestra sociedad y garantizar una atención integral a todas las poblaciones vulnerables”, celebró en su plataforma de X, antes Twitter.
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) denunció que la propuesta fue aprobada “sin que fuera transmitida por ningún canal” oficial del Congreso, lo cual “resulta preocupante porque afecta gravemente la vida de las mujeres en su diversidad al perpetuar la violencia y discriminación, y es un claro retroceso para los derechos humanos reconocidos en el país”.
La organización exigió “firmemente al Congreso que no invisibilice a las mujeres y que no asuma atribuciones y competencias distintas a las que el marco legal le concede, de lo contrario estaría vulnerando el principio de separación de poderes previsto en la Constitución”.
Promsex también firmó otro comunicado conjunto con Amnistía Internacional, Flora Tristán, Demus y Manuela Ramos para remarcar que la iniciativa “no es nueva” y “responde a una agenda contra la igualdad, que desconoce a las mujeres como sujetas de derecho”.
La congresista ultraconservadora, pastora de la iglesia ‘La Casa del Padre’ y opositora del enfoque de género, reemplazó a Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) para dirigir este grupo encargado de impulsar “políticas públicas que aceleran la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y población vulnerable”.
Sin embargo, el ejercicio legislativo y las posturas antiderechos de Jáuregui deslizan una contradicción para su cargo: días antes de asumir, por ejemplo, desestimó el fallo de Naciones Unidas contra el Estado peruano y rechazó que ‘Mila’, una niña víctima de violación, haya accedido a la interrupción legal de un embarazo que la exponía a riesgo mortal.
Defensoría en contra
En 2022, la Defensoría del Pueblo invocó que el proyecto declarativo de Jáuregui sea enviado al archivo de manera urgente porque “contraviene las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres”.
“El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, de las Naciones Unidas (CEDAW) recomendó expresamente al Perú garantizar la integridad del MIMP, tanto en su nombre como en su mandato, a fin de fortalecer su rectoría en las políticas públicas relacionadas con la obligación estatal de garantizar la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres”, señaló en un pronunciamiento.
“La situación se agrava ante el contexto nacional y mundial de conflicto y pandemia, que viene generando el incremento de las brechas de género que afectan a las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas, cuya consecuencia es la vulneración de su autonomía y el aumento de la feminización de la pobreza”, siguió.
“Esta realidad exige al Estado reforzar estrategias y políticas públicas específicamente dirigidas a enfrentar las diversas formas de violencia y discriminación”, apostilló el organismo.
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