Recesión, desconfianza y depresión, son palabras que particularmente en un contexto económico no quisiéramos escuchar, puesto que generan repercusiones no solamente en el desarrollo de negocios y ejecución de inversiones, sino también en el bienestar de la población, en su capacidad adquisitiva, en sus bolsillos y en su bienestar.
El mes pasado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), señaló que la economía peruana caería un 0.5% en 2023; adicional a ello, en octubre último, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el país entró en una recesión, entendida como una menor producción de bienes y servicios, que finalmente se traduce en menor empleo, menores ingresos, menor consumo, menor recaudación tributaria, menores presupuestos para financiar programas sociales, mayor pobreza, por citar algunos efectos.
Así, en la primera mitad de 2024, con un mundo creciendo a paso lento, 3% en 2023 y 2.9% en 2024, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI); con un Fenómeno de El Niño cuya duración sería hasta inicios de otoño de este año, según el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN); y una confianza empresarial sumamente debilitada por la inestabilidad política, lo que repercute en el menor desempeño de la inversión privada; urge tomar precauciones y actuar todos, familias, empresas y Gobierno.
En el caso de las familias, es primordial que tomen conocimiento y consciencia sobre la situación económica que atravesó el país el año pasado y las perspectivas para este año. Con lo anterior en mente, priorizar gastos necesarios para amortiguar el impacto de los menores empleos e ingresos en su capacidad adquisitiva, de tal manera que las decisiones de compra se orienten principalmente hacia bienes y servicios relacionados con alimentación, salud, educación y transporte, dejando de lado por ejemplo gastos en ocio.
Por el lado de las empresas, con expectativas sobre la demanda de productos a 3 meses aún en terreno negativo, según la última Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP, estas deben adaptarse y hacer los ajustes que requieran para sortear la coyuntura aún incierta de los próximos meses. Las micro y pequeñas empresas, sobre todo, planificar juiciosamente e incluso buscar asesoramiento técnico en los diversos organismos del Estado disponibles para tal fin.
Mientras que, por el lado del Gobierno, si bien se vienen implementando medidas para destrabar y promover inversiones y así recuperar la confianza empresarial, un componente no menos importante es atacar la ejecución de la inversión pública. Esta, no obstante representa un 20% de la inversión total en nuestro país, es la que otorga servicios de calidad para la población y depende muchísimo de la efectividad de los funcionarios públicos que laboran en los distintos niveles de Gobierno.
Al respecto de lo anterior, en el caso particular de los Gobiernos regionales y municipalidades, quienes son los que cuentan con mayores presupuestos para ejecutar obras públicas y que están (o al menos deberían) más cercanos a las necesidades de la gente, no vienen dando la talla. Según estimaciones de ComexPerú, a 2022 existe un 35.8% de la población nacional en condición de pobreza multidimensional; es decir, que 1 de cada 3 peruanos no cuenta con acceso a al menos un servicio público que le garantice una calidad de vida digna.
Quedarse de brazos cruzados no es una opción. Esperar a que todo esto pase, sin tomar acciones no haría más que agudizar el problema y comprometería el desempeño de la actividad económica peruana durante 2024. De todos nosotros depende que no se repitan esas palabas indeseables, más aún de quienes toman decisiones de política pública.