El año negro de Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación que termina el 2023 acusada de liderar una organización criminal

Liz Patricia Benavides Vargas inició el año 2023 con una amplia aprobación pública por su compromiso con la justicia como Fiscal de la Nación, al ser reconocida como la fiscal que investigó al expresidente Pedro Castillo y toda su red de corrupción enquistada en Palacio de Gobierno. No obstante, a poco de terminar el año, su figura se ha visto envuelta en controversias tras ser señalada como presunta líder de una organización criminal dentro del mismo Ministerio Público que juró servir.

Benavides, con una carrera de más de 20 años en la Fiscalía, había escalado posiciones hasta ser nombrada como máximo representante de la institución. Sus primeros pasos en el puesto fueron observados con expectativa y respeto, en un contexto donde la lucha contra la corrupción está en el centro del debate público.

La fiscal Patricia Benavides asumió su cargo el 20 de junio de 2022, en un entorno político tenso. Desde el inicio de su gestión, reiteró en varias oportunidades su objetivo de “enfrentar la corrupción en el poder de manera frontal”, destacando que “el poder debe ser utilizado para servir y no para lucrar”.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando una serie de informaciones y filtraciones comenzaron a arrojar sospechas sobre acciones dentro del Ministerio Público en casos de corrupción que señalaban una supuesta red de influencias y favores, sugiriendo que Patricia Benavides estaría al frente de una organización criminal.

Operación Valkiria V: el destape de una red de tráfico de influencias

La caída de Patricia Benavides como figura pública reconocida en la lucha contra la corrupción se dio en la última semana de noviembre, con la ejecución de la ‘Operación Valkiria V’ que se inició con la detención y allanamiento de las viviendas de Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, los asesores de la Fiscal de la Nación.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) del Ministerio Público y la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional (Diviac), habían descubierto una estructura que operaba en las entrañas mismas del despacho de Patricia Benavides para negociar con un grupo de congresistas ofreciendo, supuestamente, archivar investigaciones fiscales en su contra.

Las indagaciones comenzaron el 5 de mayo de este año, revelando un complejo esquema de tráfico de influencias y manipulación de procesos de elección e inhabilitación en organismos estatales.

Las evidencias reunidas en casi siete meses de investigación se enfocan en el intento de manipular la elección del Defensor del Pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el intento de remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Con un grupo de 42 congresistas en la mira, divididos en categorías de ‘Niños 1′, ‘Niños 2′ y ‘Niños 3′, la investigación fiscal encabezada por Marita Barreto presupone que se buscaron los votos para llevar a cabo acciones clave en beneficio de Benavides Vargas. La resolución emitida el 15 de junio, que eximió de investigación preliminar a 26 legisladores listados como ‘Niños 3′, es citada como prueba central de estas maquinaciones.

Con las pruebas colectadas, el EFICCOP estima que la presunta organización criminal buscaba afianzar la posición de Benavides y tomar el control efectivo sobre el Ministerio Público, manipulando decisivamente la composición de entes estatales de control y justicia

Estas evidencias incluyen visitas de los consejeros de Patricia Benavides a congresistas y la coordinación de Jaime Villanueva, brazo derecho de la Fiscal de la Nación, reflejada en comunicaciones electrónicas vía WhatsApp con un parlamentario, que fungió como ‘agente especial’ en la pesquisa del caso bautizado como ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

Una figura cuestionada desde el principio

Las reacciones sobre lo revelado en la ‘Operación Valkiria V’ no se hicieron esperar. La sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y gremios profesionales expresaron su preocupación y solicitaron una investigación a fondo sin importar el cargo o la influencia de los implicados. “La justicia en Perú debe estar libre de manipulaciones y debe operar basada en la ley y la evidencia, sin importar quiénes estén involucrados”, indicó un comunicado de la Asociación Pro Justicia.

El Congreso de la República también se hizo eco de estas acusaciones, y desde su Comisión de Justicia se inició un proceso de indagación para esclarecer el grado de veracidad y las implicancias de estos señalamientos.

Al respecto, la abogada Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), resalta la gravedad de que la máxima autoridad de la institución, Patricia Benavides Vargas, esté liderando una organización criminal y cometiendo delitos que trascienden su ámbito personal.

“El uso de su poder para archivar investigaciones penales a congresistas, a cambio de votos en el Congreso, con el fin de influir en la composición de instituciones de control, como el nombramiento de defensor del Pueblo y la remoción de otros fiscales supremos o miembros de la JNJ, tiene consecuencias perjudiciales profundas, es un impacto negativo para la integridad de las instituciones y en el sistema democrático”, precisó.

Pero, para la abogada especialista en independencia judicial, los cuestionamientos a la figura de Patricia Benavides empezaron desde sus inicios dentro del Ministerio Público, recordando el escándalo de sus tesis y de la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla para impedir que acuse a su hermana, la jueza Enma Benavides, en la investigación por haber recibido supuestamente coimas a cambio de liberar a investigados por narcotráfico.

“(Su figura) es muy cuestionada desde el inicio. Existen investigaciones disciplinarias más antiguas en su contra por remover sin fundamento a fiscales a cargo de casos importantes, además de activar mecanismos legales para evitar que la JNJ la investigue. Entonces, estamos viendo un patrón de utilización de salidas jurídicas legítimas para fines antidemocráticos”, aseveró.

Indacochea también recordó críticas sobre la designación de Patricia Benavides como fiscal suprema porque las tesis de maestría y de doctorado que ella presentó para acreditar su experiencia profesional y su formación académica no han sido reveladas al público. “Ella no ha sido capaz de mostrarlas y existe un cuestionamiento de que si realmente obtuvo esos grados académicos de forma legítima o fraudulenta”, aseveró.

Una suspendida fiscal de la Nación y el deterioro del Ministerio Público

El escándalo que se reveló tras la ‘Operación Valkiria V’ llevó a la Junta Nacional de Justicia anunciar un procedimiento administrativo disciplinario inmediato en contra de Patricia Benavides. Fue así como el 6 de diciembre el pleno de la JNJ decide suspenderla por seis meses.

Mientras tanto, Patricia Benavides ha negado categóricamente las acusaciones, afirmando su compromiso con la ley y el debido proceso. En un comunicado oficial, la fiscal declaró: “Rechazo de manera firme cualquier acusación que busque mancillar el honor de la institución que represento. Trabajaré incansablemente para demostrar la falsedad de estas afirmaciones y mantener la integridad de nuestro sistema judicial”.

El periodista Umberto Jara compartió sus comentarios sobre la situación de la ahora suspendida fiscal de la Nación, y expresó que considera a Benavides como una “falsa heroína” y “falso valor”.

Jara comparó las acciones de Pedro Castillo, quien presuntamente reclutó congresistas para obtener beneficios a cambio de votos, con el papel desempeñado por Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides. “Castillo organizó un sistema de sobornos a congresistas, llamados ‘Los Niños’, para que lo sostengan en el cargo, y la señora Patricia Benavides ha hecho exactamente lo mismo, ella tiene también a sus ‘niños’ y no debería seguir en el Ministerio Público”, sostuvo.

Por su parte, el politólogo Fernando Tincopa indicó en una reciente entrevista concedida a RPP que el escándalo en el Ministerio Público, que afecta directamente a la figura de Patricia Benavides, ha generado un “deterioro en la reputación de la institución”.

“Este asunto ha llevado a que la percepción ciudadana disminuya la confianza, manifestada a través de niveles de aprobación o desaprobación”, precisó el especialista y señaló que, ante la escasa credibilidad que enfrentan las instituciones estatales en general, al que se suma el periodo de recesión económica, genera “un ambiente prolongado de incertidumbre social”.

La situación de Patricia Benavides aún no se define. Las investigaciones en curso determinarán su futuro y podrían tener profundas repercusiones en la credibilidad y funcionamiento del Ministerio Público. Qué tan lejos llegarán las consecuencias de este caso es aún incierto, pero lo que está claro es que el año 2023 será recordado como la caída de una figura que, en su momento, significaba la personificación de la lucha por una justicia independiente y eficaz en el país.