El congresista Carlos Anderson (no agrupado) ha presentado un proyecto de ley que buscaría sancionar a las más altas autoridades del Estado que usan sus cargos indebidamente para sacar algún tipo de beneficio particular. Así se desprende de la iniciativa Nº 6686 que ingresó ayer a la mesa de partes del Parlamento para que sea derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con el fin de que sea estudiada, debatida y votada.
La propuesta busca la modificación del artículo 382 del Código Penal, donde actualmente se lee de la siguiente manera: “el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años, inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1,2 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa”.
Al respecto, Anderson incluye que la sanción se eleva para quienes tengan los siguientes puestos: presidentes, vicepresidentes, ministros, congresistas, miembros de entidades autónomas, magistrados, fiscales, gobernadores regionales, alcaldes, entre otros más. Y está se encuentra establecida en que será entre 8 a 15 años de cárcel efectiva, la inhabilitación para ejercer algún cargo público o dentro de una organización política, y 375 días de multa.
Entre los fundamentos para sustentar la iniciativa, el parlamentario cita el resultado del estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuyo título es “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobemabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones”, entre octubre del 2022 a marzo del 2023.
En la misma se anota que el 54,1% de la población entrevistada, considera a la corrupción como la principal preocupación de la ciudadanía, incrementando en 2,4 puntos porcentuales al compararlo con igual semestre del año anterior.
“La corrupción continúa siendo la mayor preocupación de la ciudadanía, manifestándose, a través del cobro de cupos, regalos, propinas, sobornos y coimas, entre otras nuevas modalidades que evidencian el mal uso de las funciones de un cargo público”, pone el exintegrante de Podemos Perú del investigado José Luna Gálvez.
Escándalos
La iniciativa de Carlos Anderson llega precisamente cuando el Congreso fue escenario de la llamada ola de los ‘mocha sueldos’. En concreto, programas como Punto Final, Cuarto Poder y Panorama revelaron en sendos reportajes que varios parlamentarios habían solicitado a sus trabajadores que entreguen un porcentaje de sus sueldos.
Así se puede mencionar a los protagonistas de este escándalo: Alejandro Soto, María Acuña, Rosío Torres y Magaly Ruiz (Alianza para el Pogreso); Hilda Portero y Jorge Flores Ancachi (Acción Popular); Heidy Juárez (Podemos Perú), Edgar Tello (Bloque Magisterial), y los no agrupados José Arriola y María Cordero Jon Tay.
De este grupo, ocho recibieron solo una amonestación escrita y multa en la Comisión de Ética. El blindaje comenzó en la gestión de Karol Paredes (no agrupada) y continua con Diego Bazán (Avanza País). La única que tuvo una sanción severa fue María Cordero Jon Tay.
A la exlegisladora de Fuerza Popular la suspendieron por 120 días sin goce de haber. Además, su caso avanza con celeridad en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que sea desaforada del cargo a comparación de sus demás colegas ‘mocha sueldos’.
Antecedente ejemplar
Más allá de establecer una pena para las altas autoridades del Estado que traten de sacar provecho de sus posiciones se debe recordar el caso del exlegislador Michael Urtecho, quien fue el primer ‘mocha sueldo’.
El 24 de agosto pasado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside Víctor Prado Saldarriaga, decidió condenar a a 22 años y cinco meses de prisión efectiva. La sentencia se debe a que se comprobó que cometió los presuntos delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado.
Adicionalmente, en la audiencia judicial se leyó que Urtecho Medina, quien reapareció postrado desde una cama en un centro de salud local, también sea inhabilitado por tres años y ocho meses para ejercer cualquier cargo público.
Sin embargo, el exlegislador, y otrora representante de los discapacitados, no es el único que recibió una pena: a su actual esposa, Claudia Gonzáles, también se le dictó 28 años de cárcel por haber sido su cómplice. Los dos tendrán que pagar S/ 630 666 06 por concepto de reparación civil a favor del Estado.