Perú Libre busca someter a la Corte Suprema por ordenar a jueces inaplicar la ‘Ley Soto’ por inconstitucional

Congresistas de Perú Libre, cuyo líder Vladimir Cerrón está prófugo, presentaron proyecto para pasar por encima del acuerdo plenario de la Corte Suprema que concluyó que la Ley 31751 es desproporcionada

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Corte Suprema determinó que la 'Ley Soto' contraviene la protección de seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional. Foto: difusión
Corte Suprema determinó que la 'Ley Soto' contraviene la protección de seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional. Foto: difusión

El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, con el respaldo de su bancada, presentó un proyecto de ley de “interpretación auténtica” para dejar sin efecto el acuerdo plenario de la Corte Suprema que declaró como inconstitucional la Ley 31751, también conocida como ‘Ley Soto’, y se aplique dicha norma sin excepción alguna.

El proyecto de ley 6589-2023/CR en el fondo busca atentar contra la facultad constitucional de los magistrados de hacer control difuso de las normas y, en consecuencia, no cuestionen que la suspensión de la prescripción tenga un plazo máximo de un año.

“Interprétese auténticamente que el computo de un año establecido para la suspensión de la prescripción de la acción penal es razonable y proporcional”, se lee en la iniciativa legislativa.

Según el congresista Flavio Cruz, la suma de los plazos de la prescripción ordinaria (pena máxima del delito), prescripción extraordinaria (mitad de la pena máxima) y de la suspensión de la prescripción (fijado a un año por la ‘Ley Soto’) es “excesivo” para que la justicia peruana pueda identificar, investigar, procesar y sancionar delincuentes. Incluso, protesta que “en nuestra legislación penal las penas son altas y que a mayor gravedad del hecho delictivo las penas se duplican en algunos casos”.

Proyecto del congresista Perú Libre, Flavio Cruz, sobre la Ley 31751, Ley Soto
Proyecto del congresista Perú Libre, Flavio Cruz, sobre la Ley 31751, Ley Soto

El argumento de los jueces supremos penales de la Corte Suprema para inaplicar la Ley 31751 es que el plazo inflexible de un año de suspensión de la prescripción no toma en cuenta la gravedad del delito y/o la complejidad de la investigación, sino que aplicaría para todo ilícito tipificado en el Código Penal, a excepción de los imprescriptibles.

“La Ley 31751 no guarda un equilibrio entre las ventajas o beneficios y entre las desventajas o los costos de adoptar la medida examinada. Un plazo abstracto tan breve (...) y sin tomar en consideración las vicisitudes de una causa y la entidad del delito objeto del proceso penal solo puede causar más perjuicios al interés general respecto de la libertad de las personas, generando impunidad y no dando oportunidad razonable al sistema de administración de justicia para detectar, esclarecer, juzgar y decidir si un ciudadano ha cometido un delito o no y, en su caso, imponer la sanción penal que corresponda, para lo cual requiere de un tiempo que le permite cumplir su cometido. El beneficio para los imputados tiene, en este caso específico, un costo excesivo para la justicia”, se acordó en el pleno jurisdiccional supremo en materia penal.

Por ello, la Corte Suprema ordena a los magistrados de todas las instancias a no aplicar la ‘Ley Soto’ y, en su lugar, priorizar la norma constitucional referida a la protección de seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional (artículos 44 y 139, numeral 3, de la Carta Magna).

Los beneficiados

Uno de los primeros en invocar la Ley 31751 fue un congresista que votó a favor de la misma, el cusqueño Alejandro Soto. El actual presidente del Parlamento se acogió a dicha norma para salvarse de una pena de más de 8 años por estafa.

También fue beneficiado el expresidente Martín Vizcarra en un caso de presunta negociación incompatible cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Otro exgobernador que intentó sin éxito favorecerse con la norma fue el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el caso Aeródromo Wanka. Por este caso fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Luego de conocer la condena, pasó a la clandestinidad.

De igual manera, el parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi ha recurrido a la ‘Ley Soto’ para intentar eludir una probable sentencia de más 10 años por malversación de fondos, falsedad ideológica y peculado doloso. El proceso se encuentra en etapa de juicio oral, por lo que la solicitud del legislador se resolverá al momento de dictar sentencia.