Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori (1990-2000), anunció este miércoles que buscará anular “todas” las sentencias que recaen sobre el exdictador, incluido los 25 años de cárcel que, en 2009, recibió por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo Colina, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
Sin hacer mención a los 57 millones de soles que Fujimori adeuda como reparación civil por las tres causas, el letrado precisó que su estrategia ya “se encuentra en trámite” mediante la “vía constitucional”.
Riera mencionó que continuará “con las batallas legales” en otros procesos que enfrenta su patrocinado, entre ellos por la masacre de Pativilca, una localidad en la que seis comuneros fueron asesinados por el grupo Colina en 1992.
El juicio oral sobre este caso está previsto para el 18 de diciembre y la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha solicitado 18 meses de detención domiciliaria contra Fujimori, una decisión “sorpresiva” bajo la óptica del abogado.
Riera consideró que el petitorio fiscal “no es proporcional”, ya que no existe el riesgo de fuga o de obstaculización a la Justicia, por lo que dijo que está “convencido de que, en la audiencia donde vamos a debatir la pertinencia, vamos a ganar”.
El mismo año en que fue sentenciado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori recibió otras dos condenas de cárcel al probarse el pago de 15 millones de dólares para su exasesor, Vladimiro Montesinos, y abonos ilegales a congresistas tránsfugas, el espionaje contra políticos y periodistas, y la compra de líneas editoriales.
Dos años atrás, en 2007, el exdictador había sido condenado por usurpación de funciones tras ordenar a un militar que suplantara a un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos, ante el destape de los famosos ‘Vladivideos’, la serie de filmaciones en la sede del servicio de inteligencia (SIN) que mostraron los sobornos entregados por su exasesor a políticos, magistrados y periodistas, entre otros.
En 2015, de igual modo, fue hallado culpable de peculado por ordenar el desvío de 122 millones de soles de las Fuerzas Armadas al SIN, que controlaba los llamados diarios sensacionalistas, una sentencia que fue declarada nula al año siguiente por la Corte Suprema de Justicia.
Fujimori dejó la prisión por una disposición del Tribunal Constitucional (TC) que colisiona con una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una situación que, bajo la mirada de Human Rights Watch (HRW), instala en el país un escenario similar a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.
Desde entonces, permanece en la casa de su hija, Keiko Fujimori, mientras que el Ejecutivo ha ratificado su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José). Al quedar en libertad, el Poder Judicial notificó la nulidad del proceso sobre esterilizaciones forzadas cometidas durante su régimen, una decisión que vuelva la causa a foja cero.
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