Keiko y Kenji Fujimori piden al presidente del Tribunal Constitucional que ejecute la liberación de su padre

Esto sucede luego que el juez de Ica declare improcedente la liberación de Alberto Fujimori, y que la CIDH ordene al Perú abstenerse de la excarcelación, recordando que un indulto solo sería viable si el expresidente admite los crímenes de lesa humanidad cometidos.

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Keiko y Kenji Fujimori solicitan al  Tribunal Constitucional ejecute sentencia anterior que libera al expresidente. (Composición Infobae)
Keiko y Kenji Fujimori solicitan al Tribunal Constitucional ejecute sentencia anterior que libera al expresidente. (Composición Infobae)

Luego que la solicitud de liberación de Alberto Fujimori ha sido rechazada por el juez de Ica, Vicente Fernández, los hijos del exmandatario, Kenji y Keiko Fujimori, han solicitado al presidente del Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva sobre la excarcelación del expresidente, acatando una sentencia anterior que emitieron a favor de restituir el indulto dado por Pedro Pablo Kuczynski, en 2017.

El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, informó que, a pesar de la decisión del juez Fernández, este último ha instruido que todo lo actuado se remita al Tribunal Constitucional, instancia había dispuesto liberación del ex jefe de Estado. Los hermanos Fujimori han expresado, a través de esta medida, su intención urgente de que se cumpla con el fallo inicial y se permita la salida de prisión de su padre, condenado por los crímenes de lesa humanidad de la Cantuta y Barrios Altos.

El documento presentado por Riera al TC, califica que la no liberación de Fujimori es “arbitraria” y contraria a los precedentes judiciales relativos a la vejez y la celeridad procesal, por tratarse de una persona que cuenta con 85 años de edad y una salud cada vez más delicada, y quien lleva más de cuatro años en prisión desde la revocación del indulto.

El expresidente peruano Alberto Fujimori (c), en una fotografía de archivo. EFE/ Stringer
El expresidente peruano Alberto Fujimori (c), en una fotografía de archivo. EFE/ Stringer

Cabe recordar que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que insta al Perú a abstenerse de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la defensa de Fujimori argumenta, con base en el principio de integridad normativa, que las normas internacionales deberían interpretarse en concordancia con las nacionales y no tener supremacía sobre ellas. Este punto de vista ha sido respaldado en un escrito del 22 de junio de 2023, aunque hasta el momento no se ha dado una aclaración definitiva que despeje el camino para la ejecución de la sentencia y la posible liberación de Fujimori.

El TC, máximo órgano de interpretación constitucional del país, ha determinado como improcedente la petición de aclaración sobre la ejecución de la sentencia que ordena la liberación inmediata del expresidente, encarcelado desde enero de 2019 tras la anulación de un indulto humanitario. A pesar del veredicto de marzo de 2022 que favorecía a Fujimori, su situación legal continúa sin resolución efectiva, bajo el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ausencia de un pronunciamiento formal del Tribunal que dé cierre al caso.

Abogado de Alberto Fujimori presenta pedido para que TC tome una decisión| Canal N

Las decisiones clave en este proceso datan de 2018 y 2019, cuando se declararon nulas tanto la resolución del indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski como apelaciones posteriores de la defensa de Fujimori. La decisión actual del juez Fernández, y el subsiguiente llamado de Kenji y Keiko, marcan un nuevo episodio en la compleja serie de eventos legales y políticos en torno a la figura de Alberto Fujimori.

Los hijos del expresidente se han incorporado al proceso, dejando en claro el profundo impacto familiar y político del caso. La situación actual de Alberto Fujimori, se mantiene a la espera de una acción concreta que resuelva su prolongada situación penitenciaria, en una encrucijada judicial donde confluyen el respeto a los derechos humanos y las deliberaciones sobre la ejecución de sentencias y el conflicto entre normas de distinto ordenamiento.