La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) defendió este jueves a uno de sus asesores, Adrián Villafuerte, exconsejero en temas de Defensa del expresidente Ollanta Humala y vinculado a Vladimiro Montesinos, quien permanece en prisión desde 2001 por una serie de sentencias por corrupción y abusos a los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori.
La diputada, quien presentó la moción que busca el cambio de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), admitió conocer “desde hace años” al trabajador de su despacho, aunque precisó que no ha conversado sobre sus vínculos montesinistas. “Hemos hecho algunas cosas juntos. Me parece un buen asesor y se le ha dado la oportunidad de trabajo. En política, todos los viejos tenemos antecedentes”, dijo al ser consultada por la prensa.
Exedecán del general César Saucedo —también cercano a Montesinos y exministro de Defensa y de Interior de Fujimori―, el asesor de Chirinos fue también comandante del Ejército entre 1997 y 2000 y firmó el “acta de sujeción” de Montesinos, condenado por otros delitos de lesa humanidad atribuidos al grupo Colina como la matanza de Barrios Altos y la desaparición de tres personas en los sótanos del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
La diputada también había defendido previamente la designación de Miguel Rodríguez, excanciller del recluido expresidente Pedro Castillo, quien trabaja desde agosto en el equipo de asesores de la Comisión de Defensa que preside. “Tengo la libertad de escoger a quien yo quiera. Tengo confianza en ellos, los he contratado porque les tengo confianza”, señaló en diálogo con La República.
Una de las causas por las que dejó la Cancillería fue su posición crítica hacia los organismos internacionales veladores de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su posición al retiro de reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática.
Chirinos presentó la moción que busca la remoción de los miembros de la JNJ bajo el argumento de que “se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”.
Como fundamentos de hecho, presentó un pronunciamiento del organismo sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la ex fiscal de la Nación (general), Zoraida Ávalos; y la denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada.
Además, consideró que la eventual remodelación de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, “constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes”.
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