La Comisión de Fiscalización del Congreso encontró evidencias de que el expresidente Pedro Castillo, recluido tras orquestar el autogolpe, recibió dinero ilícito como parte de una supuesta red criminal que instaló en el Ejecutivo durante su mandato, afirmó este viernes Héctor Ventura (Fuerza Popular), presidente del grupo parlamentario.
“Se ha podido cumplir con la moción que nos ha encargado el pleno del Congreso de investigar otras líneas de presuntos actos de corrupción dirigida desde Palacio de Gobierno”, dijo el legislador en RPP.
En la víspera, el pleno aprobó el informe final que recomienda acusar a Castillo por corrupción y organización criminal en la ejecución de proyectos de inversión en varias municipalidades y bajo la dirección del ministerio de Vivienda. La investigación parlamentaria sostiene que los delitos de corrupción se cometieron durante la ejecución de proyectos de inversión en Cajamarca y Amazonas.
“Los elementos indiciarios se han podido corroborar no son solo gracias a las noticias [por ejemplo, un reportaje que expuso a Yenifer Paredes, hermana de la exprimera dama, acudiendo a ofrecer obras de saneamiento en distritos rurales con el financiamiento del ministerio de Vivienda o de los municipios, a cargo de empresas de amigos suyos], sino con declaraciones de testigos e investigados, y documentación que llegaron a la Comisión”, mencionó Ventura.
A raíz de estos hechos, Castillo iba a ser sometido a un juicio político por el Parlamento y debía presentarse ante el pleno para responder a las denuncias en su contra, cuando anunció en diciembre pasado un golpe de Estado, el cierre del Congreso y un Gobierno de emergencia.
El titular de la Comisión investigadora indicó que un testimonio clave en el informe fue el de Salatiel Marrufo, exjefe de asesores de la cartera de Vivienda, quien admitió ante el pleno, el mismo día del autogolpe, que entregó “personalmente cien mil soles” a Castillo. Además, aseguró contar con registros “telefónicos de las llamadas que se tuvo con la exfamilia” presidencial.
“Los hechos que he mencionado están siendo corroborados en el Ministerio Público”, indicó Marrufo, quien devino en colaborador eficaz. Previamente, había señalado que parte de los cuatro millones que recibió de la empresaria Sada Goray, vinculada a la presunta trama de corrupción de Castillo, también estaban destinados a Alvarado y para él mismo.
La acusación constitucional del Congreso salpica a este exministro y a la esposa del expresidente, quien podría ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión.
La Fiscalía atribuye a Paredes ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo”, aunque su defensa ha rechazado esos argumentos “porque no existen elementos ni graves ni fundados”.
“La defensa está convencida de que este caso va a decaer con el tiempo”, remarcó su abogado antes de indicar que, “en el supuesto de una sentencia, sería de un máximo de cuatro años”, lo que no implicaría el ingreso en prisión.