En enero de 1996, el Ministerio de Salud presentó el Programa de salud reproductiva y planificación familiar que buscaba que las familias peruanas tuvieran acceso “a la más amplia y adecuada información acerca del significado e importancia de de la salud reproductiva y la planificación de la familia”. Sin embargo, tras descubrirse los delitos cometidos durante la ejecución del proyecto pasó a conocerse como el plan de “esterilizaciones forzadas”.
Una comisión del Congreso de la República creado en el 2002 concluyó que el mencionado programa llegó a esterilizar a 314.605 mujeres durante los últimos años de gobierno de Alberto Fujimori. Por su parte, el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) indicó que solo 10% de las pacientes dieron “consentimiento genuino” para que se procediera con el ligamento de trompas.
El sitio web del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) da cuenta que fueron 272.028 las peruanas esterilizadas. “Cifras oficiales indican que más de 7000 de estas mujeres, en su gran mayoría campesinas, indígenas y pobres, fueron esterilizadas contra su voluntad. Manipuladas, engañadas, chantajeadas o llevadas a la fuerza, operadas en condiciones muy precarias e indignas”, indica la publicación.
En julio de 2002, el entonces ministro de Salud, Fernando Carbone, entregó al Congreso las conclusiones de una comisión especial encargada de conocer los detalles del programa puesto en marcha en el gobierno anterior. Estos calcularon que entre los años 1993 y 2000, se esterilizaron a 294 mil mujeres. Desde el Ministerio Público se concluyó que entre 1996 y 2001, fueron 2091 las mujeres esterilizadas contra su voluntad, cifra que representa 1% del total de procedimientos realizados.
Muchas de estas son calificadas por sus comunidades como “mujeres enfermas” pues en ellas han quedado secuelas tanto físicas como psicológicas. Rute Zúñiga, una de las víctimas del programa estatal, contó que fue amarrada de pies y manos para luego se esterilizada por tres enfermeras y un doctor que la chantajearon y hostigaron. “Nos pusieron un candado para que no escapemos”, relató a BBC Mundo a finales del 2015.
Caso esterilizaciones forzadas
El caso contra Fujimori, que comenzó en 2002 y ha experimentado varios archivamientos y reaperturas, cuenta con al menos 1.317 demandantes. Entre los otros seis coacusados en el caso se encuentran tres exministros de Salud: Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Todos ellos han sido acusados de ser “responsables directos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de violación grave de los derechos humanos”.
A finales de 2021, el juez Rafael Martínez inició un proceso penal contra Fujimori, que abarcará las etapas de investigación preparatoria, intermedia y juicio. Este es un camino independiente, que solo será posible si Chile aprueba la ampliación de la extradición. Mientras se espera la respuesta, el juez otorgó un plazo de 120 días para llevar a cabo las diligencias del caso.
Sin embargo, el exdictador continúa cuestionando la legitimidad de las acusaciones en su contra. Durante la audiencia judicial a la que asistió de forma remota el pasado viernes, afirmó que dicha imputación es “totalmente falsa”, ya que lo que se llevó a cabo fue la reducción de las tasas de mortalidad materna e infantil. El exdictador, actualmente recluido en Barbadillo, añadió que “la mortalidad infantil era extremadamente alta, alcanzando un promedio de 85 por cada 1.000 nacimientos vivos”.