A pesar de estar inhabilitado para ejercer la función pública, el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) se encuentra en el tramo final para inscribir su partido Perú Primero ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En estos días se le debe confirmar si los planillones de militantes y los requisitos estipulados como tener estatutos, bases regionales, entre otros, han sido aprobados y, por lo tanto, queda registrado como agrupación.
Recordemos que Vizcarra Cornejo anunció la creación de su movimiento en noviembre del 2021 en una actividad privada ofrecida en la Quinta Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre. En ese cónclave, aparte del exmandatario, participó César Figueredo Muñoz, quien tiene el cargo de secretario general a nivel nacional. Figueredo fue director de Cofropi y exaspirante al Congreso por el partido Somos Perú en las elecciones generales de hace dos años.
Desde entonces, el expresidente Vizcarra viajó a diferentes puntos del país para sumar adherentes a su proyecto político que lo comenzó, en parte, tras desligarse de Somos Perú que le sirvió como plataforma para ser elegido como parlamentario, pero el Congreso del periodo extraordinario (2020-2021) se lo impidió al sancionarlo con la inhabilitación por diez años al descubrirse que se había vacunado irregularmente durante la pandemia del coronavirus.
El caso Vacunagate se destapó en febrero del 2021 cuando una investigación del periodista Carlos Paredes reveló que el expresidente Vizcarra, su hermano y su esposa Maribel Díaz se habían inoculado de manera irregular con la vacuna de la empresa china Sinopharm en octubre del 2020 cuando estaban en la fase tres de los ensayos clínicos.
Palacio de Gobierno habría sido el lugar donde Vizcarra y su familia se inmunizó en secreto cuando el país sufría la primera ola de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la situación del exmandatario fue la punta del iceberg porque se supo que no fue el único.
El exmandatario, que posteriormente fue destituido por el Congreso, afirmó entonces que fue voluntario y mostró una tarjeta de control que no contaba con el código de barras. Por su parte, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), donde se desarrolló la evaluación experimental, admitió que no formó parte de los 12.000 voluntarios.
Al menos 487 funcionarios también se inocularon con las dosis de Sinopharm. En la lista también se encontró que la entonces ministra Pilar Mazzetti y su pareja también accedieron a las vacunas. Además, también se involucró a la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Francisco Sagasti, Elizabeth Astete.
Denuncia constitucional
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra y la exministra Mazzetti como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Esta situación será evaluada con prontitud en estos días en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso), presidente del grupo de trabajo, detalló que esta es una “denuncia bastante delicada, pues pesa sobre un expresidente de la república y está presentada por la Fiscal de la Nación”.
“A ese tipo de casos hay que darle prioridad. Se trata de una acusación del delito de concusión sobre un expresidente. El caso amerita una atención urgente”, garantizó en diálogo con Canal N. El caso sería abordado en la próxima sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que sería este viernes 5 de mayo.
“Como él ha sido exmandatario y aún no pasan cinco años desde que terminó el cargo, entonces todavía tiene la inmunidad presidencial. Lo que la fiscal pide es levantar la inmunidad para que ella pueda investigar sobre este delito específico, que es concusión. Ese es el objetivo”, puntualizó.