En los primeros meses de la pandemia del coronavirus, Víctor Zamora se desempeñó como ministro de Salud. El expresidente Martín Vizcarra lo designó el 20 de marzo del 2020 en reemplazo de Elizabeth Hinostroza cuando aun las cifras de infectados y fallecidos por la enfermedad no llegaban a miles. Se quedó hasta agosto, cuando terminó cambiado por Pilar Mazzetti por el entonces premier Pedro Cateriano.
Sin embargo, la gestión de Zamora al frente del Minsa estuvo marcada por las críticas hacia las pruebas rápidas para detectar el virus y el desabastecimiento de oxígeno en los hospitales. Por ello, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) informó que presentó una denuncia constitucional contra el exministro por presuntamente haber cometido una omisión de sus funciones.
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“Compras irregulares de pruebas rápidas que dieron falsos negativos y desabastecimiento de oxígeno en todo el país, a consecuencia de disposiciones del Minsa, habrían sido medidas erradas que conllevaron a la pérdida de miles de vidas. ¡Los peruanos esperan justicia!”, escribió el tercer vicepresidente del Parlamento en sus redes sociales.
De esta manera, la acusación contra Zamora será vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que es dirigida por la legisladora Lady Camones, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), para determinar si procede o no. Muñante tendrá que sustentar su denuncia para que, luego, el grupo designe a un parlamentario que elabore un informe sobre si Zamora debe ser denunciado constitucionalmente.
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Sí hay suficientes elementos para denunciar constitucionalmente a Zamora, entonces la SAC tendrá que derivar el informe elaborado contra el exministro de Salud para que pase a la Comisión Permanente. Allí se tendrá que aprobar y luego elevarse al Pleno, donde Zamora será citado para defender de la acusación presentada por el congresista Muñante por su papel durante la pandemia que tuvo su primer caso en el Perú en marzo del 2020.
Nueva acusación contra Martín Vizcarra
Hay que señalar que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, aprobó el informe final que recomienda denunciar constitucionalmente al investigado y exmandatario Martín Vizcarra por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas en el contexto de la pandemia por el Covid-19 en el año 2020.
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En este informe que busca formular la acusación constitucional a las extitulares de las carteras de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva y Salud, María Elizabeth Hinostroza. Según explica Ventura, a las exintegrantes del gabinete ministerial liderado por Vicente Zeballos, ambas podrían ser procesadas penalmente por el presunto delito de colusión el cual deberá ser remitida a la Fiscalía para que procedan con la investigación preliminar.
El grupo liderado por el congresista fujimorista, analizó cinco líneas de investigación para la elaboración del presente informe en el cual se observó la adquisición de pruebas rápidas; negociación, adquisición, distribución e inoculación de vacunas Sinopharm; adquisición y suministros de oxígeno medicinal; decesos por COVID-19 y adquisición de estructuras metálicas y equipamiento para el sector salud.
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Una de las conclusiones del informe final sostiene que, Vizcarra y las exministras citadas se reunieron con empresas del sector salud como Nipro Medical Corporation Sucural Perú y Multimedical Supplies SAC para concertar la compra de pruebas rápidas contrario a las políticas de salud vigentes que reconocía el uso de la prueba molecular para detectar el virus.
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