El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó este viernes 24 de marzo sus observaciones finales y recomendaciones detalladas sobre los derechos civiles y políticos en el Perú.
En el documento de 13 páginas, el comité mostró su preocupación por las varias declaratorias de estado de emergencia en el país y la suspensión de los derechos consagrados en el llamado Pacto de San José.
“Preocupa el frecuente despliegue de las fuerzas armadas durante el estado de emergencia y para labores de orden interno sin previa declaratoria de estado de emergencia, lo que incrementa el riesgo de violaciones de derechos humanos”, detalló la institución.
Además, el comité lamentó profundamente las violaciones de derechos humanos que pudieran haberse cometido durante las intervenciones militares y policiales en Apurímac, Ayacucho, Puno, Lima y Apurímac, desde que iniciaron las movilizaciones sociales.
En ese sentido, el organismo recomendó al estado peruano lo siguiente:
a) Limitar el recurso de los estados de emergencia y velar por el estricto respeto de los derechos humanos consagrados en el Pacto.
b) Garantizar que cualquier medida introducida para proteger a la población en el contexto de un estado de emergencia sea temporal, proporcionada y estrictamente necesaria.
c) Tomar las disposiciones necesarias para asegurarse de que las fuerzas armadas no participen en las operaciones de mantenimiento del orden público, y en el caso de su intervención, esté restringida a circunstancias excepcionales y con una duración limitada.
d) Incrementar sus esfuerzos, en particular mediante la capacitación y la supervisión, para prevenir las violaciones de los derechos humanos en las operaciones militares y policiales.
e) Velar por que todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas durante los estados de emergencia se investiguen con prontitud y eficacia.
Asimismo, el comité rechazó el llamado “terruqueo” contra las personas que ejercen sus derechos a la protesta, con el fin de invalidar su discurso, y mencionó los casos puntuales de la intervención en la Universidad San Marcos y el allanamiento en la Confederación Campesina del Perú.
“El Estado parte debe llevar a cabo un proceso de revisión y reforma legislativa encaminado a garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las acciones de lucha contra el terrorismo”, precisó el comité.
Dentro de las recomendaciones al estado peruano, también figura que debe seguir intensificando sus esfuerzos con miras a prevenir, combatir y erradicar toda forma de discriminación racial y xenofobia.
Uso de la fuerza
El comité mencionó con preocupación los informes relativos a las presuntas violaciones de los derechos humanos que se habrían perpetrado en el contexto de las protestas sociales en noviembre y en diciembre de 2020, y desde el día 7 de diciembre de 2022, tras la vacancia de Pedro Castillo.
“Incluyen casos de uso excesivo, indiscriminado y desproporcionado de la fuerza y de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, y casos de violencia por motivos racistas o discriminatorios, siendo las personas indígenas y campesinas, de zonas particularmente desfavorecidas e históricamente objeto de discriminación estructural, como Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Lima y Puno, las principales víctimas”, indicó.