La audiencia de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas, secretario general y uno de los fundadores del partido político Perú Libre (PL), fue postergada este miércoles quince por el magistrado Leodán Cristóbal Ayala.
La nueva cita se realizará este viernes 17, a las tres de la tarde, según lo dispuesto por el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
El Ministerio Público pide que se revoque la comparecencia con restricciones impuesta a Cerrón, determinado por el juez John Pillaca hace unos meses, argumentando que este incumplió las normas dictadas por el Poder Judicial.
Según la entidad, el sentenciado por delitos contra la administración pública (corrupción) no depositó la caución de veinte mil soles, estipulado por mandato judicial, ni tampoco pasó por el control biométrico correspondiente.
La abogada del exgobernador de Junín, Claudette Chapman aseguró que su patrocinado no cuenta con dinero suficiente para pagar dicho monto. Sin embargo, informó que su patrocinado recibe “un aproximado de 15 mil soles” por su trabajo, como secretario general en PL, en diciembre del 2022.
Los 36 meses de prisión preventiva debían revisarse en la presente fecha, sin embargo, el juez Cristóbal Ayala decidió la reprogramación al considerar que la defensa legal de Cerrón se encontraba “en deseventaja”.
Según indicó, esta no contó con el acceso previo a las carpetas con los argumentos del Ministerio Público.
La medida bajo la que rige actualmente Cerrón Rojas (comparecencia con restricciones) corresponde a los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, mencionó en diciembre de 2022 que existía un peligro de fuga del investigado.
El fiscal ya consideraba, en aquel momento, que la comparecencia debía ser revocada. Puntualizó, además, que se produjo un escenario de “decaimiento de todos los niveles de arraigo ante la gravedad de los acontecimientos, alta probabilidad de fuga y entorpecimiento de la probabilidad probatoria”.
“Estamos ante un caso sumamente grave de lavado de activos y de organización criminal. Eso ya quedó determinado en primera instancia y no ha sido materia de impugnación. Lo único que se ha discutido es el peligro procesal”, manifestó en su momento.
También cuestionó la situación “inédita” de las indagaciones, donde “personajes de segundo nivel” en la estructura de la presunta red criminal están “privados de su libertad”; mientras que Cerrón, quien sería el cabecilla, permanece libre.