CIDH, Amnistía Internacional y Transparencia piden al Estado rendir cuentas por “incursión policial, desalojo y detenciones masivas” en San Marcos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Transparencia se pronunciaron este sábado tras la incursión de numerosos agentes de la Policía Nacional (PNP) a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para desalojar el campus, donde desde hacía varios días acampaban cientos de manifestantes venidos de diversas regiones para participar en las protestas antigubernamentales.

Más de 200 personas fueron detenidas tras el desalojo, según el fiscal superior provisional y coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barnechea.

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“En nuestra calidad de defensores de la legalidad, la defensa de los derechos humanos y la prevención del delito estamos constituyendo, no solamente para verificar la situación, sino que también estamos desplegando una serie de actuaciones funcionales como Ministerio Público”, señaló Barnechea al añadir que además de los 20 fiscales se han desplazado entre seis y ocho médicos legistas.

Por su parte, Amnistía Internacional invocó “el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza” y el respeto de los derechos humanos “en todo momento”.

“El estado de emergencia no suspende el debido proceso. Las personas detenidas deben tener acceso a su defensa en todo momento y contar con intérpretes de necesitarlo. Se mantiene la prohibición de incomunicación y de tratos crueles e inhumanos”, señaló la organización.

El gran operativo comenzó a primera hora de este sábado con una tanqueta policial que derribó la puerta metálica del campus para ingresar a la universidad más antigua de América.

Desde el miércoles, empezaron a llegar a esta universidad cientos de personas de Puno, Arequipa y Cusco, entre otros puntos del país, que venían a la capital peruana para participar en las grandes marchas convocadas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones.

Tras el ingreso de los agentes, policías con equipos antidisturbios se congregaron a las puertas del campus para acordonar la zona. El operativo contó con el apoyo de un helicóptero policial.

Aproximadamente una hora y media después del inicio del operativo comenzaron a salir de la universidad varios buses policiales con detenidos, algunos de ellos esposados.

A las puertas del campus se fueron congregando, frente a un cordón policial, parlamentarios, simpatizantes y familiares de estudiantes que pedían el ingreso de abogados y prensa a las instalaciones universitarias.

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