Las víctimas de la violencia estatal del gobierno de Dina Boluarte, que ya deja casi 50 muertes a solo un mes de llegar a la Presidencia del Perú pueden ver restringido sus pedidos y derechos de acceso a justicia, debido al desmantelamiento del subsistema de fiscalías especializadas en Derechos Humanos, las mismas que son las llamadas a investigar los graves sucesos que ocurren en el Perú hace un par de semanas.
Así lo advierte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispusiera que estas entidades sean reducidas de 12 a solo siete a nivel nacional, según la resolución Nº 091-2023-MP-FN, emitida apenas este jueves 12 de enero. Esto llegó con reducción de personal hasta la mitad en un par de casos, presupuesto y logística para las fiscalías especializadas en DD.HH, es decir, disminuir su capacidad operativa para destinarlo al nuevo subsistema de Delitos de Terrorismo.
Hasta antes de la fecha señalada existía la Fiscalía Superior Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo.
Lo que funcionaba como un solo sistema ahora se ha dividido en dos entes. La primera es la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad y la segunda es la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos.
El problema es que esta decisión se produce en un momento en el que hay una demanda de justicia para las 45 muertes producidas directamente durante las protestas en cinco regiones del Perú, la mayoría por proyectiles de armas de fuego, entre las que se incluyen balas de fusil AKM, de acuerdo a información oficial entregada por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público en Juliaca, Puno, por ejemplo.
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Además de ello, fiscales especializados en Derechos Humanos han sido removidos a las fiscalías especializadas en Delitos de Terrorismo, un subsistema que buscan fortalecer precisamente en un momento álgido del estallido social en las regiones del sur andino y en un contexto en el que el gobierno central reprime y califica de terroristas y azuzadores a quienes protestan en su contra.
“Hay una preocupación muy seria, cuando la fiscal de la Nación anunció hace unos días esta división, muchos colegas expresaron su extrañeza porque había muy poca carga procesal de terrorismo. No se justifica objetivamente la creación de un subsistema especial para ver casos de terrorismo si es que no hay casos, pero ya hemos encontrado la explicación: nos está llegando una avalancha, una verdadera avalancha de personas y líderes sociales que nos piden ayuda porque los están investigando por terrorismo. Cuando el sistema estaba unificado al menos el 90% de la carga de casos que ellos tenían eran de derechos humanos y el 10% de terrorismo, pero ese subsistema lo han cortado a la mitad. La división que se ha hecho afecta de manera totalmente desproporcionada el abordaje de los casos de derechos humanos”, explica a Infobae la abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos, Mar Pérez.
Asimismo, la letrada advierte de un incremento de investigaciones fiscales por el delito de terrorismo en contra de personas que se manifiestan en contra del gobierno y el Congreso, hechos que explicaría, según su perspectiva, la decisión de fortalecer este subsistema en desmedro del otro y que, además, fortalece una estrategia sistemática de persecución, pues en las últimas semanas decenas de personas están siendo citadas como testigos por casos como estos, lo cual desata el miedo entre los ciudadanos. Explica que en casos como los que están ocurriendo, los manifestantes que incurren en actos de violencia deberían ser procesados máximo por disturbios o alteración del orden público.
“Cuando a una persona se le investiga con esta figura se reduce muchísimo sus derechos y sus garantías, por ejemplo, se le puede mantener incomunicado, es mucho más gravosa. Es evidente que la fiscal de la Nación está trabajando en pared con la presidenta de la República y sus altos funcionarios porque ellos de manera reiterada han salido en los medios de comunicación señalando que para ellos toda acción de protestas que estamos viendo a nivel nacional son actos de terrorismo”, alerta.
Nueva disposición de fiscalías de DD.HH.
Antes del 12 de enero, el subsistema de Derechos Humanos tenía 12 fiscalías. Dos eran fiscalías superiores nacionales y 10 fiscalías supraprovinciales en Lima (3), Ayacucho (2), Pichari-Cusco (1), Huánuco (1), Apurímac (1), Junín (1) y Huancavelica (1).
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solo ha dejado en pie a siete fiscalías especializadas en DD.HH.: la fiscalía superior para casos de violación de Derechos Humanos en todo el territorio nacional y seis fiscalias supraprovinciales, las cuales estarán en Lima (2), Ayacucho (2), Junín (1) y Apurímac (1).
Lo que llama la atención es la incoherencia de la decisión, puesto que a inicios de año, cuando ya se contaban con 28 muertes a nivel nacional durante las protestas, Benavides anunciaba que esta reestructuración serviría para fortalecer las investigaciones en torno a las muertes de los manifestantes e incluso indicaba que el subsistema de Derechos Humanos iba a contar con fiscalías especializadas en tres regiones más, Madre de Dios, Ucayali y La Libertad.
“Desde el primer momento del inicio de las protestas, se dispuso que los fiscales pongan énfasis en la investigación y determinación de responsabilidades por los lamentables sucesos de diciembre de 2022. Ninguna vida vale menos que otra y ninguna muerte debe quedar impune”, afirmó durante la ceremonia de Inicio del Año Fiscal 2023.
Sin embargo, de acuerdo a la resolución que oficializó la decisión de la división del sistema, incluso se ha reorganizado el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada para ser convertida en la Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Delitos de Terrorismo y delitos conexos, con todo su personal fiscal e incluso administrativo.
“En lugar de darle más personal o al menos mantener al subsistema de DD.HH. han reducido sus recursos, su logística, lo cual es disminuir las capacidades para que puedan hacer su trabajo. Estamos hablando de investigaciones que son enormes, que tienen una gran cantidad de agraviados que implican desplazamientos al terreno, sobre todo considerando que las fiscalías supranacionales de derechos humanos tienen competencia en todo el país”, añade Mar Pérez.
Además, advierte que precisamente son las fiscalías especializadas en Derechos Humanos las más preparadas para investigar las consecutivas muertes en masa de los manifestantes en el marco de las protestas, estas garantizan el tratamiento conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
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Clima de miedo y represión
El episodio más sangriento, desde que hace un mes múltiples regiones se alzaron contra el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte, sucedió en Juliaca (Puno) el lunes de enero, pues en un solo día se produjeron 17 muertes de civiles, un policía y se dejó herido de gravedad a un menor de 15 años que a los pocos días falleció.
Hay evidencia, fotos, videos, registros ciudadanos en el que se muestra que la PNP y las FF.AA. dispararon a matar en un intento de “restablecer el orden” e impedir la toma del aeropuerto de Juliaca. Entre los fallecidos figuran tres menores de edad e incluso un estudiante de Medicina que solo ayudaba a los heridos.
Pese a la gravedad de los hechos, el caso aún está siendo investigado por la fiscalía contra el Crimen Organizado y, según el documento de la apertura de investigación preliminar el plazo inicial de 60 días puede ser prorrogable, cuando organizaciones sociales piden que el caso, debido a su gravedad y complejidad, sea investigado por una fiscalía especializada en Derechos Humanos.
“Lo que hemos visto el 9 fue una masacre, son ejecuciones extrajudiciales desde el punto de vista del derecho internacional y de los derechos humanos. Estamos ante crímenes que son imprescriptibles y que acarrean responsabilidad no solamente para los efectivos policiales o para los mandos policiales que estaban desplegados en el terreno sino para Dina Boluarte y sus ministros. No estamos ante la decisión de los mandos policiales desplegados en la zona, sino que estamos ante una política de Estado que cuenta con el apoyo de de la presidenta y de sus ministros”, dijo Pérez.
Precisamente, el fiscal provincial a cargo de las pesquisas señaló que todas las muertes se produjeron por heridas por armas de fuego, luego de la realización de las necropsias de ley.
“Hay personas que no han querido declarar porque tienen un temor fundado sobre la imparcialidad de la fiscalía de Crimen Organizado, que es la misma que estás viendo los casos, por ejemplo del policía que ha fallecido y también los casos contra los manifestantes. No es nada saludable que sea una un mismo órgano de la Fiscalía el que conduce todas estas investigaciones”, advirtió la letrada de la CNDDHH.
Por lo pronto, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido a las autoridades peruanas tomar medidas para reparar integralmente, y con enfoque intercultural, a las víctimas y sus familias, luego de advertir el peligro del terruqueo y estigmatización contra ellos, pero estas últimas acciones entorpecen aún más esta posibilidad.
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