Los industriales panameños lamentan lo que consideran el tono confrontativo de las recientes declaraciones de las autoridades de Costa Rica hacia Panamá, por considerar que afectan la histórica relación de cooperación entre ambas naciones.
El sector industrial se refería a las recientes declaraciones de la presidenta costarricense, Laura Fernández, quien aseguró que defenderá a los productores de su país frente a lo que considera restricciones impuestas por Panamá.
Fernández afirmó que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” de Costa Rica.
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“Costa Rica es un país hermano. Yo creo que este tipo de diferencias se solucionan en la mesa, no con discursos de politiquería en estrado, que no nos llevan a ningún lado”, apuntó en su momento el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.
Para el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el país tiene el legítimo derecho de proteger su producción nacional y su seguridad alimentaria, “actuando siempre dentro de un marco de transferencia, proporcionalidad y cumplimiento de las normas internacionales”.
El gremio industrial manifestó que la prolongación de la actual disputa comercial entre ambas naciones resulta perjudicial para la competitividad, la inversión y la integración regional.
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Bajo el argumento de que los ticos no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos, en junio de 2020 la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos inhabilitó unas 26 plantas costarricenses que procesaban productos cárnicos y lácteos.
Entre los productos vetados están las fresas, carnes de res, cerdo, piensos o alimentos para animales, aves de corral, bananas, piñas y banana.
Desde el 2014 Panamá venía dándole licencias de importación a industrias ticas, que ya habían vencido.
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En julio de 2020 Panamá decidió no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados, los cuales habían exportado al país durante varios años.
El 11 de enero de 2021 oficialmente Costa Rica estableció un proceso ante el organismo internacional contra Panamá.
La prolongación de la disputa comercial, subrayan hoy día los industriales, causan una afectación “sobre todo para la plaza comercial históricamente favorable a Costa Rica, generando un déficit estructural para Panamá y limitando el desarrollo de una relación comercial equilibrada”, afirmaron.
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Como ejemplo, el Sindicato de Industriales de Panamá sostiene que las exportaciones de productos lácteos panameños hacia Costa Rica cayeron en un 79% entre 2020 a 2025, mientras que los sectores de exportaciones de los sectores cárnicos y avícolas continúan prácticamente inexistentes.
Las estadísticas que maneja el sector industria indican que para 2025, Panamá registra exportaciones por $41.4 millones, frente a importaciones desde Costa Rica por $458.1 millones y una relación comercial de aproximadamente 10 a 1 a favor del vecino país.
El sector industrial afirma coincidir con la posición del gobierno nacional de fortalecer las condiciones de competitividad y defensa de la producción nacional, promoviendo relaciones comerciales basadas en la reciprocidad, la seguridad jurídica y reglas claras por ambas partes.
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Como hoja de ruta hacia una solución disponible, los industriales recomiendan que ambos gobiernos prioricen el diálogo y la negociación técnica, garantizando la independencia de las autoridades sanitarias y fitosanitarias, agilizando los procesos de permisos y estableciendo mecanismos transparentes y eficientes para atender las solicitudes y reclamaciones del sector empresarial.
Esto, aducen, permitiría abordar de manera integral las preocupaciones comerciales, sanitarias y fitosanitarias en beneficio de la prosperidad y el bienestar de ambos países.