“Semana Azul”: autismo y justicia, el desafío pendiente de la inclusión educativa

Cada mes de abril, el mundo se tiñe de azul para recordarnos que la neurodiversidad es una dimensión esencial de la condición humana. Precisamente, el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y, con este objetivo, voluntarios y representantes de diferentes ONGs lanzaron la “Semana Azul”, una iniciativa que por 7 días tendrá como lema #hablemosdeautismo.

El objetivo es ganar espacios, hablar de autismo, dejar de lado los estigmas y construir una sociedad más inclusiva.

Sin embargo, para cientos de familias en la Ciudad de Buenos Aires, el azul no es solo un símbolo de calma y concientización: es también el recordatorio de una lucha persistente contra las barreras invisibles de un sistema que, demasiadas veces, les da la espalda.

En esta “Semana Azul” resulta imprescindible reflexionar sobre el rol de la justicia y de la gestión pública en la eliminación de esas barreras, particularmente en el ámbito educativo.

Durante años, la falta de información y la opacidad en la asignación de vacantes escolares han sido algunos de los principales obstáculos para las familias de niños con discapacidad. Se trata de una problemática transversal que afecta a hogares de todos los sectores sociales, sin distinción de recursos ni de posición económica. La incertidumbre sobre el futuro escolar de un hijo no debería ser el costo de la neurodiversidad.

Nuestro país cuenta con marcos normativos sólidos. La Ley Nacional de Autismo N.º 27.043, sancionada en 2014, declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con TEA, promoviendo la investigación, la formación profesional, la detección temprana, el diagnóstico y el acceso a prestaciones. En la Ciudad de Buenos Aires la Ley N.º 2.681 dispone que los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial no pueden negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente. La norma fue recientemente modificada por la Ley N.º 6.872, creando el Registro Público de Vacantes de Establecimientos Educativos de Gestión Privada incorporados a la enseñanza oficial en el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar la inclusión escolar.

Este registro apunta al núcleo del problema: la falta de transparencia. A partir de su implementación, las instituciones educativas deben publicar de manera actualizada la nómina de alumnos rematriculados y, especialmente, el detalle de los cupos disponibles desde octubre hasta el inicio del ciclo lectivo. La información pública es el mejor antídoto contra la arbitrariedad. Cuando las familias conocen cuántas vacantes existen y bajo qué criterios se asignan, el margen para la discriminación se reduce de forma significativa.

No obstante, la realidad judicial de los últimos años ha mostrado un panorama más complejo. Por cada acción de amparo que llega a los tribunales porteños, existen numerosos reclamos por vacantes no otorgadas que nunca se judicializan. Ese “silencio administrativo”, sumado a prácticas discrecionales en los procesos de rematriculación, ha dejado a muchos niños fuera del sistema bajo argumentos frecuentemente presentados como razones pedagógicas o limitaciones de infraestructura.

Un punto de inflexión se produjo en 2019, cuando un fallo clave de la Justicia de la Ciudad (ACIJ c/ GCABA s/ Amparo - Educación) no solo resolvió un caso particular, sino que expuso la fragilidad del sistema de información vigente. A partir del trabajo conjunto entre asociaciones de familias, legisladores y diversos actores institucionales, esa debilidad comenzó a transformarse en una herramienta de empoderamiento ciudadano, afirmándose el derecho de todas las personas con discapacidad a una experiencia de aprendizaje inclusiva, equitativa, participativa y de calidad de conformidad con el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual se erige como principio general que debería guiar todas las políticas y prácticas educativas, a la luz de la concepción de que la educación es un derecho humano fundamental y los cimientos de una sociedad más justa.

El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabaja con la responsabilidad de garantizar que el derecho a una educación inclusiva sea una realidad concreta, ya que toda política pública vinculada a la educación debe velar, facilitar y promover el libre acceso a la enseñanza, en igualdad de oportunidades y sin discriminación, tanto en escuelas públicas como privadas.

Particularmente, es imprescindible mencionar que en el Encuentro “Miradas que Conectan” realizado recientemente en el Facultad de Derecho de la UBA, impulsado por la asociación civil TEActiva, las ONG´s participantes firmaron un documento conjunto para reclamar al Estado Nacional estadísticas oficiales sobre el autismo, la cual es una petición largamente esperada por quienes conviven con el Trastorno del Espectro Autista y buscan respuestas efectivas.

La “Semana Azul” busca algo simple pero profundo: pasar de la concientización a la acción, para que la inclusión sea una realidad cotidiana y no solo un mensaje. Así, se promueve la concientización sobre el autismo, se fomenta la inclusión social y educativa y se visibilizan los derechos de las personas con Trastornos del Espectro Autista.

La verdadera inclusión comienza con una certeza básica: hay un lugar para todos.