Plan ENIA: una herramienta para decidir, con libertad, sobre un futuro mejor

Patricia tiene más de 40 años, hace un poco más de 20 quedó embarazada. En esa época, en esa familia de la provincia de Buenos Aires, no circulaba información sobre métodos anticonceptivos. El devenir de la vida la llevó, más adelante, a tener 3 hijos. Ella se dedicó a trabajar en lo que pudo y como pudo. Sin embargo, sus hijos -que fueron a la escuela pública- vivieron otra historia. Gracias a la educación y al acceso a insumos para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia recibieron información para decidir cuándo, cómo y con quién ser padres o madres. Además, pudieron elegir seguir una carrera universitaria y vivir su adolescencia con amigos. En definitiva, ser libres y responsables a la hora de tomar decisiones sobre su vida.

Cuando una política pública no funciona, despilfarra dinero y no da resultados ni mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía, es prudente evaluar su suspensión o rediseño. Sin embargo, este no es el caso del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional del Embarazo en la Adolescencia (ENIA). En un país en donde cada año más de 40.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convierten en madres, el plan dio resultados muy satisfactorios, posibilitando mejoras concretas en la vida de niñas y adolescentes.

Hace siete años las cifras de embarazo de niñas y adolescentes, menores de 20 años, duplicaban a las de hoy. Entre 2018 y 2021, la tasa de fecundidad en adolescentes se redujo casi en un 50%. Además, se consiguió que en 2021 se redujera en un 43% la cantidad de mujeres de 10 a 14 años que fueron madres. Dichas cifras nos muestran el impacto de esta política, porque se infiere que muchos de los embarazos que suceden en niñas de entre 10 y 14 años son producto de abuso o violencia sexual.

Sin embargo, en abril de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación anunció su rediseño y reestructuración. Sumado a ello, el presupuesto previsto para destinar en 2024 a la prevención de los embarazos en la adolescencia es el mismo que el de 2023. Ante una inflación interanual de más del 280%, esto representa una reducción presupuestaria de un 68%.

Además del desmantelamiento del Plan ENIA, en un afán de ajustar sin evaluar la efectividad y/o el costo extra que acarrea la no continuidad de esta política pública, también nos enfrentamos al embate de las fake news: una serie de noticias que desinforman se instalan en la conversación pública adrede, para generar concepciones que no son reales pero que persiguen determinados intereses. Por ejemplo, se dijo que el Plan ENIA promueve el aborto y la hormonización de adolescentes sin consentimiento. Estas informaciones tergiversan los objetivos del programa y contribuyen a vulnerar derechos fundamentales de niñas y mujeres.

Creado en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia es una herramienta fundamental para que los jóvenes puedan tomar libremente decisiones sobre su proyecto de vida. Al garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y a información fundamental para evitar embarazos no deseados, esta política no solo previene, sino que también abre puertas a un futuro con mayores oportunidades.

Este plan integra educación y salud, y creó espacios seguros en las escuelas en las que los adolescentes accedieron a información, asesoramiento y servicios de salud sexual y reproductiva. Esta iniciativa no solo redujo los embarazos no intencionales, sino que también abordó de manera integral otras problemáticas de salud y bienestar, consolidándose como un modelo a seguir en la región.

Como el gobierno nacional ha decidido desfinanciar el Plan ENIA, en el Congreso de la Nación se han presentado distintas iniciativas legislativas, impulsadas por referentes de diversos partidos. De este modo, en el Parlamento se construyen consensos para instituir por ley el Plan ENIA. Esto es no solo una oportunidad sino también una responsabilidad para que se garantice la efectiva implementación de un plan que es modelo de política pública para la región. Asimismo, es indispensable que el Estado nacional asegure el presupuesto necesario para evitar que se perpetúen las desigualdades entre las distintas jurisdicciones del país y la vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes.

Su continuidad a lo largo de diferentes gestiones gubernamentales da cuenta de su relevancia y efectividad. Como al gobierno nacional parece no importarle el futuro de las y los adolescentes, llamamos al Congreso a velar por las historias de miles de niñas y adolescentes embarazadas a muy temprana edad, con el impacto inmediato en sus posibilidades de desarrollo y autonomía.