Estamos frente a una verdadera hipoteca social

Unicef realizó una radiografía cuantitativa y cualitativa de la pobreza en el país, donde sostuvo que 8,8 millones de la población infantil argentina es pobre

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"Es fundamental priorizar las políticas públicas y, particularmente, los programas de protección de ingresos que han demostrado ser una herramienta potente para mitigar la pobreza y, sobre todo, la pobreza extrema", expresa Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina
"Es fundamental priorizar las políticas públicas y, particularmente, los programas de protección de ingresos que han demostrado ser una herramienta potente para mitigar la pobreza y, sobre todo, la pobreza extrema", expresa Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina

Hace pocos días se conoció el informe de UNICEF titulado “La pobreza en niños, niñas y adolescentes en la Argentina Reciente. Aportes desde un abordaje cuantitativo y cualitativo”. El trabajo de investigación nos aporta una serie de datos e indicadores con una particularidad: atrás de cada cifra hay chicos de carne y hueso, rostros, dolor y desesperanza.

Desde el enfoque cuantitativo, titulado “pobreza monetaria”, lo que observa es cuántos chicos y chicas viven en hogares donde los ingresos no alcanzan para cubrir la canasta de bienes y servicios indispensables. Según los datos publicados por el INDEC, a enero 2023, un hogar de 4 integrantes necesita más de $163.539 para no ser pobre y más de $72.043 para no ser indigente.

Un poco más de la mitad (51,5%) de las niñas, niños y adolescentes en Argentina residen en hogares pobres y un 13,2% en hogares extremadamente pobres o indigentes. Esto equivale a alrededor de 6,8 millones de personas menores de 18 años en la pobreza monetaria y unos 1,7 millones en la pobreza monetaria extrema.

Si tomamos ahora en consideración el segundo aspecto del informe, es decir, el abordaje cualitativo, lo que busca ver es cuantos niños y niñas se ven privados del acceso a derechos fundamentales. Estos derechos son el acceso a la educación, una vivienda adecuada, el acceso a agua segura, el saneamiento básico, la protección social, entre otros. El 42,5%, es decir, 5,6 millones de niñas, niños y adolescentes, experimenta carencias en el ejercicio efectivo de alguno de los derechos fundamentales señalados, y el 15,4% (2 millones de niñas, niños y adolescentes) experimenta privaciones severas.

Al combinar la pobreza monetaria vinculada al ingreso familiar y el no acceso a los derechos fundamentales, el resultado es escalofriante: 2 de cada 3 niñas, niños y adolescentes padecen carencias monetarias o de algunos de los derechos fundamentales.

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Hablando en criollo: o no les alcanza la plata para pagar las cuestiones más básicas como alimentos, higiene, vestimenta; o viven en ranchos, o carecen de una canilla de agua potable o un inodoro conectado a una cloaca; o viven al lado de un basural o de un arroyo contaminado. En muchos casos, una combinación macabra de varios de estos factores. Desde hace décadas se debate sobre el abordaje del problema de la pobreza en Argentina.

Algunos confiaron en que el derrame producto del crecimiento económico, solucionaba el problema. La experiencia desde el 2001, fue que hay un sector que empeora o mejora su situación al ritmo de la economía, pero también hay un núcleo duro de pobreza estructural que se ha ido consolidando, y que ronda el 25% de la población. Estas son familias que transfieren la pobreza de generación en generación independientemente de la situación económica, rompiendo un eje central de nuestro pacto de convivencia; aquella idea motivadora y generadora de empuje, que establecía que los hijos de una generación iban a estar mejor que sus padres. Progresismo de verdad.

El kirchnerismo centró su estrategia desde el 2003 en adelante, en la política de transferencia de ingresos como forma de atacar la llamada pobreza monetaria. Poniendo plata en el bolsillo de la gente, más personas estarían por encima de la línea de pobreza, reduciendo el índice. Planes, subsidios y distorsión de precios, parecían la solución mágica.

El informe de UNICEF echa por tierra esta idea. Los menores de 18 años en nuestro país, nacieron a partir del 2005. Si 2 de cada 3 son pobres y vivieron la mayor parte de su vida bajo esas políticas sociales, hay que aceptar, al menos, que no alcanzaron.

Durante los años que gobernó Juntos por el Cambio, se sostuvieron muchos de los programas de transferencias para asistir la emergencia, pero se hizo foco en 3 grandes ejes que son transformadores a largo plazo:

Políticas de Primera Infancia: un camino arduo y lento, pero el único que permite modificar futuros en las personas desde los 45 días de vida.

Desarrollo de infraestructura y mejora del hábitat: el cemento no se come, pero la realidad que describe el informe reafirma, que sin acceso al agua y cloacas, sin condiciones de vivienda mínimas y sin un entorno favorable al desarrollo personal y comunitario, no hay igualdad de oportunidades real.

Presencia territorial del Estado: un estado inteligente, profesional y sin intermediarios, con llegada al territorio profundo, es clave para dar servicios y evita el crecimiento y consolidación de " estados paralelos” representados por organizaciones delictivas.

Hemos leído, escrito y repetido hasta el cansancio que las niñas y niños que habitan nuestro suelo son el futuro. Si hoy no están bien alimentados, si hoy no gozan de sus derechos fundamentales, si hoy no logran adquirir los conocimientos educativos básicos, sus perspectivas de desarrollo del mañana serán mínimas. No hay margen de espera, porque lo que no se hace ahora, indefectiblemente repercutirá con el tiempo. La respuesta debería ser urgente. Su prioridad, indiscutible.

En la medida en que no se ubique a la pobreza multidimensional que afecta a la infancia en nuestro país, en la primera plana de las discusiones y acciones políticas, la hipoteca social será cada vez más compleja y difícil de pagar.

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