Cuando más se lo necesita, el campo es el pato de la boda

La situación es patética pero es así: hoy, la gran fuente de financiamiento del Estado viene del Banco Central. Ella incide directamente en la dinámica cambiaria a la que, una vez finalizada la cuarentena, se unirá un aumento en la velocidad de circulación de los pesos. Ergo, se profundizará la tasa de inflación.

Obviamente, la tasa de desempleo seguirá su camino ascendente, con el aporte de la rigidez del mercado laboral que, sin embargo, podrá alcanzar cierta flexibilización mediante el aumento del empleo “en negro”.

El problema central de nuestro país es y será la pobreza. Aunque resulte de Perogrullo, vale remarcarlo: ella seguirá su espinosa senda ascendente. Y, lamentablemente, las políticas de asistencia social incrementarán el déficit fiscal. Así, el círculo vicioso se retroalimentará.

En este gravísimo cuadro, el complejo agroindustrial es el principal puntal para la recuperación económica del país. Además de los servicios intensivos como la informática, la publicidad y el turismo, las ventajas competitivas de nuestro país y sus oportunidades de exportación se concentran en la producción de bienes derivados de las materias primas alimenticias.

En tal caso, ¿qué estamos haciendo para alentar la producción agroindustrial y sobre todo la agrícola? Y, afirmo, la agrícola, porque a partir de ella se originan múltiples actividades industriales, aguas arriba y abajo.

Pese a ello, el ánimo oficial no resulta para nada favorable a la actividad agrícola. Los derechos de exportación no cumplen una función realmente en favor de los humildes. En rigor, castigan proporcionalmente más a los productores de mayor eficiencia, y a quienes operan en lugares más alejados de los puertos o de suelos menos fértiles. Y por supuesto, desestimulan la productividad y la sustentabilidad.

El propósito de proteger la mesa de los argentinos no tiene sentido. Sobre todo si se trata de la soja. Lo que urge mejorar es el cruel nivel vida de los pobres. Con este fin, vale concentrar los subsidios hacia la adquisición de alimentos de manera exclusiva en esa porción de la ciudadanía.

Pero si el lector cree que dentro del complejo actúan fuerzas mancomunadas para alcanzar un objetivo, sin que haya intereses contradictorios, se equivoca. Éste se compone de múltiples cadenas de valor y dentro de cada de una de ellas se desenvuelven distintos eslabones, donde operan lobbies con diferentes posibilidades de presión. Respecto al eslabón agrícola, los que pueden tener intereses contrapuestos se ubican generalmente aguas abajo. Es el caso de la industria avícola, con su fenomenal capacidad de presión.

Pero al final de la jornada, el actor que opera con mayor fuerza en contra de la producción y la productividad del eslabón agrícola es, sin lugar a dudas, el propio Estado. La Administración de éste no logra esconder, pese a la cantidad de argumentos difundidos, su final propósito que es elevar la recaudación para financiar su tremenda ineficiencia y su poder.

Desde la década de 1940, la actividad agraria ha estado perdiendo poder de negociación, no solamente por su alto grado de dispersión geográfica sino, también, porque sus intereses suelen considerarse o presentarse como contrarios a los de la mayoría.

Pero en el año 2008, se efectivizó un dramático giro. Los integrantes del eslabón agrícola, en general de producción extensiva, salieron a la calle. La consecuencia principal de la mayor protesta agraria de nuestra historia fue la emergencia del “campo” como una fuerza sociocultural, que logró torcer el brazo del gobierno de turno.

Donde el lector no debería tener dudas es en que las cadenas agroindustriales, dada su competitividad, seguirán creciendo con una demanda externa que tenderá a recuperarse del oscuro período de la pandemia que ha desnudado la verdadera situación de la gente no sólo de los países menos desarrollados sino también de los avanzados. Los inconvenientes para importar, seguramente, incentivarán el ingenio para reemplazar insumos del exterior por locales.

La animadversión hacia el agro, con argumentos falaces que se presentan en favor de la industrialización manufacturera y el sostenimiento de un Estado hipertrófico, es irracional. Proceden en gran parte de ideas, sostenidas, en la década de 1940, por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) acerca de la importancia de la industrialización sustituyendo importaciones, aunque deba ser el agro el pato de la boda, hoy consideradas fuera de lugar, por el mismo organismo.

El problema es que estas ideas siguen difundiéndose. Entienden al agro como una actividad más bien extractiva. No comprenden –o no quieren hacerlo– que para incrementar la productividad, aplica el esfuerzo humano, la innovación, la tecnología y la organización. A su vez, esta agricultura se apoya sobre un universo de empresas proveedoras de servicios, muchas de ellas de escala familiar.

No es casual que, así las cosas, grupos anónimos atenten contra la propiedad privada de algunos miembros del denominado “campo”. Acá actúan, el resentimiento y la provocación.

El conflicto se está cocinando. Y el punto virulento podrá llegar de un momento a otro si no se toman las medidas pertinentes.

Acá sí es donde el Estado debe estar presente. Sin titubeos.