Los aciertos y desaciertos de las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández

Para el análisis de las medidas del Gobierno, no es relevante si se apoya la idea de que las fuerzas del mercado de por sí resuelven los problemas económicos y sociales, o se acepta sin retaceos un artículo de Francis M. Bator titulado “La Anatomía del Fracaso del Mercado” (The Anatomy of Market Failure), que detallaba las razones por las cuales esa creencia no siempre responde a la realidad. Aunque ese artículo conserva su vigencia aun hoy, la contracara de esa falencia del mercado es el fracaso de la mayoría de los intentos regulatorios.

La experiencia demuestra que los intentos de superar las deficiencias del mercado actuando no sobre sus fuerzas subyacentes (oferta y demanda), sino mediante la fijación arbitraria de precios, terminan en el fracaso. Precios por decreto acaban por crear incentivos para exceso de demanda sobre el punto de equilibrio, desalientan la producción con la consiguiente escasez, o una combinación de ambos resultados.

Yendo a las decisiones del Gobierno de Alberto Fernández, los intentos de atacar el déficit fiscal por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, y así facilitar la renegociación de la deuda, son un esfuerzo encomiable, aun cuando los mecanismos adoptados puedan ser cuestionados.

Pero, pese a mi optimismo inicial, otras medidas económicas me generan serias dudas y alertan sobre la posible repetición de errores de otra época reciente. Por empezar, el uso del dólar como ancla antiinflacionaria, aunque puede ser efectiva en el corto plazo, crea la posibilidad de un atraso difícil de corregir.

Mientras la moneda estadounidense se apreció solo 4,7% desde octubre, la inflación acumulada fue de 12,7%, una diferencia de algo más del 7%. Aunque es prematuro hablar de atraso cambiario todavía, la distorsión podría agravarse si el congelamiento y las restricciones son por un período de seis meses. Además, no es infrecuente que esos plazos terminen excediéndose mientras el mercado lo permita, produciendo un atraso difícil de superar.

Otra decisión que causa aún más distorsiones es la de gravar con retenciones (impuestos) a las exportaciones con lo que el tipo de cambio para el exportador baja sustancialmente, por ejemplo, de $60 a $42, con un breha del 43% entre comprador y vendedor. A su vez, para los viajeros o los depositantes en dólares el tipo vendedor llega a $81 una vez computado el impuesto PAIS.

La experiencia enseña que salir de un atraso en forma gradual significa que el dólar se aprecie más rápido que la tasa de inflación, lo que además de la preferencia argentina por esa moneda la convierte en una inversión todavía más atractiva, con el consiguiente incremento en la demanda. Y la salida mediante shock, generalmente impuesta por el mercado, produce impredecibles efectos en la economía, los precios relativos y la distribución del ingreso. Eso sin contar que el atraso cambiario, más las retenciones (impuestos) a las exportaciones introducen un preocupante sesgo anti exportador, con el posible efecto sobre el déficit del sector externo.

Otra decisión sorprendente es la decisión “solidaria” de reducir el déficit fiscal mediante la postergación de los ajustes jubilatorios. Como siempre, el ajuste afecta a los de menos fuerza política. En un trabajo reciente en Econométrica estimamos en USD 3.000 millones, equivalentes a 0,7 del PBI el costo de la suspensión de la fórmula de actualización de las prestaciones, sobre un total de USD 9.000 millones.

Es decir que un tercio de la reducción del déficit fiscal recae sobre las espaldas de la clase pasiva, por lo cual no hay que descartar una avalancha de juicios al respecto, tal como ocurrió en el pasado. El costo para los jubilados es superior al monto esperado de las retenciones o del impuesto a las transacciones en dólares o tarjeta.

Finalmente, es necesario mencionar otro tema relacionado con la eficiencia económica: atraso tarifario. Según, una nota periodística con fuentes del sector energético, economistas y especialistas en cuentas públicas, estimó el costo del congelamiento de tarifas de servicios públicos y del transporte urbano en $75.000 millones. Esa cifra, sumada a las últimas medidas de la administración Macri llevaría el costo del atraso tarifario a $190.000 millones para el primer semestre del año.

Es generalmente aceptado el hecho de que es más eficiente el pago en efectivo al consumidor por el mismo importe que el subsidio al precio de un bien o servicio. Eso permite al consumidor disponer de esa suma de acuerdo a sus preferencias o necesidades al tiempo que no incentiva el consumo excesivo del objeto del subsidio.

Esa alternativa resulta aún más relevante en un escenario de altos niveles de pobreza como el actual. Para dar una idea de la magnitud relativa del congelamiento anunciado, basta con enfocarse en el costo adicional sobre el atraso ya existente. Si en lugar de congelar las tarifas se hiciera un pago en efectivo a los consumidores de menores ingresos, esos $75.000 millones permitirían un pago de $15.000 a nada menos que 5 millones de familias, potencialmente beneficiando a 20 millones de personas.

No solo ese tipo de política es más eficiente desde el punto de vista del servicio subsidiado, sino que al mismo tiempo permite actualizar las tarifas para los sectores de mayores ingresos, que son en general los de mayor consumo. Además, disminuye la posibilidad de extender los subsidios creando mayor deterioro en la cobertura de los costos de producción, que tanto costo revertir.

Consideraciones finales

Las decisiones del Gobierno intentan reducir el déficit fiscal mediante el incremento de impuestos sin atacar el enorme crecimiento de los gasto público en más de una década, y que hoy asciende aproximadamente a un 38% del PBI.

La única reducción de gastos es sobre las espaldas de los jubilados, mientras se insiste en una política de claro sesgo anti exportador al elevar retenciones, desdoblar el mercado cambiario, mientras se observan indicios de atraso cambiario y tarifario.

Todo este esbozo del nuevo programa económico, aunque todavía preliminar, contiene políticas que Argentina ya probó sin éxito en el pasado, a lo que se suma la falta de un claro programa monetario y económico en general que permita al sector privado formular planes de mediano o largo plazo.

El autor es PhD y Master of Science, Cornell University. Ex Miembro del Comité de Políticas de Riesgo de Mercado, Citibank N.A., responsable por Norteamérica

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