La desigualdad se expresa de muchas maneras en la Argentina. Se habla mucho de las grietas que fracturan el cuerpo social: por razones ideológico-políticas, sociales, de género, económicas, y muchas otras. Pero hay una más silenciosa, que rara vez llega a la portada de los diarios y que, en mi opinión, es una de las grietas más grandes que ha producido la Argentina a lo largo de su historia.

Me refiero a la inequidad de la que miles de compatriotas son víctimas a diario cuando requieren de un servicio de justicia próximo, eficiente y accesible para todos. Como sucede en muchos otros aspectos de nuestro sistema federal, cuando observamos la realidad de la justicia federal en el interior profundo del país no podemos menos que llegar a una conclusión alarmante: en Argentina la justicia no es para todos.

El mayor desequilibrio se produce por la obsolescencia del diagrama de nuestro mapa judicial o, en términos más simples, la forma en la que están distribuidos los juzgados federales en el territorio nacional, que es muy extenso, y que presenta profundas desigualdades de acceso para ciudadanos.

Es muy frecuente, aún hoy en los tiempos en los que se pregona el fin de las distancias y las barreras físicas, que un ciudadano deba recorrer 300 0 500 kilómetros para acceder a un tribunal de alzada, por ejemplo. Miles de personas no cuentan con los recursos, con el tiempo o con la energía para enfrentarse a la burocracia judicial y, además de eso que ya de por sí es mucho, tener que superar las limitaciones físicas y de acceso con las que nuestro mapa judicial los carga.

Esta situación de exclusión e inequidad produce, ni más ni menos, que dos tipos de ciudadanos. Los que tienen acceso a la Justicia y los que se quedan afuera porque el sistema judicial no los contiene, porque no ha sido capaz de readaptarse, de modernizarse, de conectarse y de cumplir con su mandato irrenunciable: es justo lo que le da a cada uno lo que le corresponde.

No hay justicia posible sin una estructura contenedora adecuada y solvente. El diagrama actual del mapa judicial ni siquiera se corresponde con las rutas del narcotráfico: esto significa que la toma de decisiones con relación a un tema de extrema importancia no es inmediata, ni se pueden desarrollar eficientemente las investigaciones propias de la competencia del fuero, por razones de recursos y de proximidad.

Hoy, juzgados, cámaras y tribunales multifuero, es decir aquellos que tienen que resolver un sinnúmero de causas contra las leyes nacionales, también son los que actúan en las mega causas de narcotráfico. No hablamos del narcomenudeo, sino de aquellas cuya envergadura pone en riesgo la salud, la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos argentinos. La exigencia para los cientos de empleados judiciales que hacen su trabajo cada día con responsabilidad y compromiso es desproporcionada, y los resultados, en esas condiciones, nunca pueden ser buenos.

Claro que hay formas de resolver esta cuestión: la primera es con el consenso de que el diagrama del mapa judicial debe ser una política de Estado que responda a las necesidades de los justiciables en pleno siglo XXI: conectividad y territorialidad pensadas para incluir y no para dejar a miles de personas afuera del sistema. Será tarea de todos los poderes del Estado repensar qué es lo que queremos para nuestra justicia federal; y del Legislador, en particular, que deberá actuar con celeridad y en la convicción de que no hay vergüenza más grande para un país que la de no poder ser justo con sus compatriotas.

La autora es Vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación