El viernes pasado se conocieron los resultados del Segundo Censo Popular de Personas en Situación de calle en CABA que permite saber cuánta gente no tiene otro lugar donde vivir más que en espacios públicos de la ciudad más rica del país. Los datos son alarmantes: 7.251 personas duermen en la intemperie o en paradores nocturnos. Pese a que el censo sólo se aplicó a adultos, se registró que el 16% son menores de 18 años, es decir, que 871 niñas y niños duermen todas las noches en las calles porteñas.

En estas semanas, mucho se habló sobre la responsabilidad estatal de brindar ayuda asistencial a esta población que, si bien representa una solución momentánea, no pareciera bastar para frenar este fenómeno que creció un 23,5% respecto al censo anterior.

La paradoja de la Ciudad

Ante la pregunta del Censo que consultaba los motivos que habían llevado a las personas a estar en situación de calle, las respuestas se concentraron en cuatro factores: por qué perdieron el trabajo, por qué los expulsaron de sus viviendas, por qué se separaron de sus parejas y por qué no pudieron pagar el alquiler. Es decir, en la mayoría de los casos la gente tuvo que abandonar sus hogares por incapacidad de pago y por no poder acceder a otra modalidad habitacional que le permitiera gozar del derecho a la vivienda, pese a estar consagrado por el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad.

Desde hace 70 años, la población de la Ciudad de Buenos Aires se mantiene estable: mientras que en 1947 la Ciudad contaba con 2.9 millones habitantes, el último Censo Nacional (2010) indica que actualmente viven 2.8 millones. Este estancamiento poblacional no acompañó la tendencia de edificación de la Ciudad, la cual, por el contrario, aumenta año a año. Si en el 2001 la superficie total edificada era de 220 millones de metros cuadrados, para el 2010 esa cifra ya ascendía a 238 millones, y en el 2014 se estimó en 244 millones. Sin embargo, el déficit habitacional de la Ciudad aumentó y el acceso a la vivienda se ve cada día más obstaculizado. Estamos entonces ante una evidente paradoja: por un lado, aumentó la cantidad de viviendas, pero por otro creció la población que vive en villas y asentamientos, aumentó la población inquilina, creció la población en situación de calle y se redujo la población propietaria. Por lo tanto, la construcción de viviendas no se realiza para satisfacer la demanda habitacional.

¿Viviendas para quién?

La Relatora Especial de la ONU sobre vivienda adecuada, señala en su último informe que en los últimos años se afianzó el proceso de "financiarización" de la vivienda, es decir, que la vivienda es considerada cada vez más una mercancía y una inversión, dejando de lado su función social para proveer a los ciudadanos condiciones de seguridad y dignidad. Esto explicaría por qué el aumento de viviendas no tiene necesariamente un correlato con mayores hogares habitándolas, sino que las mismas son mantenidas en virtud de valorizarse financieramente.

Ante esta realidad, y a partir de los datos obtenidos en el Segundo Censo Popular, además de fortalecer las políticas asistenciales existentes para abordar de manera urgente la problemática de quienes viven en calle, queda en evidencia que es necesario plantear soluciones estructurales que nos permitan repensar la manera en la que estamos "haciendo ciudad". Volver a darle a la vivienda su función social, derribar las barreras de acceso y permanencia al hogar, y pensar políticas que desalienten la especulación inmobiliaria son algunos de los puntos que tenemos que abordar para garantizar el derecho a la ciudad.

La autora es Socióloga. Integra el área Derecho a la Ciudad de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia