El problema con las democracias modernas

La desigualdad económica originada por una demoledora distribución y concentración de la riqueza agrava la crisis de confianza y representatividad que hoy sufren las democracias modernas. Esta conclusión es una de las tantas que pueden extraerse del último "Informe sobre desigualdad global 2018" que elabora la Word Inequality Lab, coordinado por el economista francés Thomas Piketty, que fue publicado en estos días.

Los resultados y demás conclusiones del informe son verdaderamente escalofriantes, los niveles de desigualdad que se observan hoy en el mundo nos ponen frente a una verdadera crisis humanitaria, pues son cientos de miles aquellos que mueren literalmente abandonados a su propia suerte por los Estados y sus sistemas legales y constitucionales de protección de derechos, y otros tantos que llevan adelante sus vidas y las de sus familias en condiciones infrahumanas.

El nivel de desamparo y abandono institucional en el que se encuentran millones de seres humanos ha reducido (ante sus ojos) a los respectivos sistemas políticos a meras burocracias de regulación de asuntos públicos incapaces de revertir el flagelo que los azota.

Es previsible que semejantes niveles de desigualdad debiliten la confianza en el aspecto operativo del sistema, en el modo de gestionar que les ha propuesto la democracia. Los Estados, señala el documento de la Word Inequality Lab, no logran detener la tendencia hacia mayores concentraciones de ingresos y de capital, y nada indica que consigan hacerlo, lo cual nos conduce hacia otra conclusión desoladora del informe: el clásico Estado-nación ha perdido su función original, su causa origen, que es la protección y el cuidado de su población, y ha devenido, en el mejor de los casos, en un gestor de problemas técnicos.

Los resultados del informe muestran que los gobiernos son cada vez menos capaces de evitar el deterioro económico de sus trabajadores, de sus estudiantes, de sus jóvenes; no pueden asegurar una vejez digna a sus ciudadanos; no consiguen controlar la concentración del capital y de la información, la transferencia de riqueza en cuestión de segundos; no pueden resolver el fenomenal flagelo del crimen organizado, del narcotráfico, la trata de personas, la cibercriminalidad y la contaminación ambiental; todo lo cual avanza ante la mirada de las instituciones, incluso en aquellos Estados con fuerte tradición constitucional y sólido sistema legal de promoción y protección de derechos.

En este contexto, los tradicionales sistemas de gobierno son percibidos como construcciones oxidadas, como un conjunto de instituciones y prácticas políticas que no resuelven (ni siquiera) los problemas más vitales de las personas. Medido por resultados, el esquema institucional vigente no logra evitar el deterioro gradual de la calidad de vida de millones de seres humanos, al tiempo que permite la concentración de más del 45 % de la riqueza mundial en manos del 1% de la población total.

Bajo estas realidades, los pueblos —sobre todo los de la periferia y el sur global, en donde además no existen suficientes redes de contención (el reciente Informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina señala que más de 12 millones de argentinos viven bajo la pobreza) — observan la democracia liberal como un sistema cada vez más lejano de sus propias vidas y necesidades. Consideran que el sufragio, que es la clásica herramienta (definitoria) que en sus manos ha puesto la democracia representativa, no les alcanza. Es decir, consideran que no es suficiente con votar cada cierto tiempo para que la democracia los tenga en cuenta y les resuelva necesidades básicas.

Efectivamente las democracias modernas están ante semejante nivel de crisis de representatividad que se impone pensar con urgencia nuevas formas de participación ciudadana en los viejos sistemas de gobierno o directamente nuevas formas de gobernanza, capaces de producir y asegurar un mayor empoderamiento político a la ciudadanía y recuperar así la confianza perdida.

El autor es doctor en Ciencias Jurídicas y Especialista en Constitucionalismo. Profesor ordinario, derecho constitucional, UBA.