Decreto 349: otra decapitación del castrismo

Independiente al resultado de las valientes protestas de muchos artistas cubanos contra un reciente decreto de la dictadura que pretende regular todavía más las actividades culturales del país, es importante resaltar que el régimen castrista, fiel a su naturaleza totalitaria, no ha dictado en 60 años de gobierno una ley que favorezca a sus ciudadanos. Todo lo contrario, sus legislaciones siempre han estado orientadas a restringir derechos y establecer parámetros sobre los cuales cada individuo debe actuar sin que importen sus convicciones, sexo, religión o aspiraciones.

Esa habilidad y disposición para controlar de forma absoluta las actividades ciudadanas, hasta extremos de que la dependencia del individuo del Estado sea total, es lo que ha hecho posible que, a pesar de las ineficiencias, contradicciones y múltiples errores, el castrismo haya logrado mantener durante 60 años el control del país.

La censura a la expresión e información se impuso en la isla de forma novedosa. En cierta medida uno y todos los cubanos se inventaron su policía del pensamiento. La autocensura fue un ejercicio permanente. Todos apreciamos que lo que no estaba expresamente permitido era prohibido, lo que se traducía en que el infractor podría ser sancionado.

Según el Comité de Protección a los Periodistas: "Cuba tiene las leyes más restrictivas de las Américas en cuanto a libertad de expresión y de prensa". El CPJ señala entre otras disposiciones legales que una denominada ley de dignidad nacional, 1997, establece penas de prisión de tres a diez años para "cualquier persona que, de manera directa o indirecta, colabore con medios de comunicación del enemigo", aclarando que para el totalitarismo cubano, enemigo es todo aquel que no esté un 100% comprometido con sus propuestas.

Los medios fueron expropiados y puestos en función de los intereses del castrismo. En consecuencia, los trabajadores de la comunicación pasaron a ser empleados del Estado. Lo mismo ocurrió con los artistas y creadores en general, sin que importara el talento real de cada quien, todos, pasaron a recibir un salario y beneficios vinculados estrechamente al grado de colaboración y no a la capacidad creativa.

No hubo alternativas. Escribir, pintar, cantar y toda labor intelectual fue tarifada a través de organismo estatales, sobre los cuales, los bonzos culturales del castrismo tenían un absoluto control, la cultura dejó de ser patrimonio de la nación para pasar a ser dominio de la clase dirigente. Numerosos creadores libres como José Antonio Albertini con Tierras de Extraños, y el poeta Ángel Cuadra estaban conscientes de que sus obras nunca saldrían a la luz y que hasta posiblemente fueran a prisión por su creaciones, tal y como le sucedió a muchos creadores.

De triste recuerdo es el Consejo Nacional de Cultura, el organismo que rigió hasta la constitución del Ministerio de la Cultura, 1976, la política de la dictadura en ese sector. Todas las actividades en ese campo estaban supeditadas a la voluntad de los funcionarios del Estado. Lo que se hiciera público tenía que estar enmarcado en lo políticamente correcto, incluido el autor de la obra en cuestión.

Los espectáculos de la índole que fueran, las trasmisiones radiotelevisivas, las obras y las impresiones de cualquier clase eran censuradas por los amos del pensamiento. Además, controlaban todo lo que consideraran parte del patrimonio nacional con una severidad que llegaba al extremo de confiscar a los propios creadores sus obras, si así lo entendía el funcionario.

El castrismo fue claro y preciso en sus pretensiones. Ellos siempre procuraron a través de su política cultural controlar el movimiento intelectual y artístico del país, para manejar a su antojo la difusión y la promoción de las artes plásticas y cinematográficas y la literatura, en particular en la radio y televisión, una forma de influenciar en la población.

El decreto 349 es un medio para seguir controlando la vida cultura, actividad esencial para el totalitarismo. La represión artística e intelectual es una práctica fundamental al castrismo, la naturaleza de la dictadura se opone radicalmente al usufructo de los derechos ciudadanos, en particular, a los relacionados con la independencia económica del individuo y con las prerrogativas de actuar y pensar en libertad.