En contra del nuevo protocolo, una invitación al tiro fácil

La resolución oficial del Gobierno que habilita a la policía a utilizar armas de fuego sin dar la voz de alto solo puede explicarse si surge de un país que pide prioridad oficial en el combate contra la inseguridad. ¿Pero disparar sin aviso previo es efectivo? ¿Calma las ansiedades? ¿Quita el miedo? ¿Permite acabar con la delincuencia? ¿Soluciona estructuralmente el temor de la población?

La decisión llega ampliada: "Se puede detener a quien represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad".

Sugestivamente, Patricia Bullrich, a cargo de la seguridad nacional, para calmar algunos ánimos destemplados venía sugiriendo: "El que quiere estar armado que ande armado", al estilo de los principios de la Constitución Norteamericana (Segunda Enmienda) que permite la tenencia y portación de armas de fuego a cualquier ciudadano.

La medida estadounidense surgió en plena guerra de ocupación de Inglaterra, donde resistieron colonos, que eran la mayoría de la población, en búsqueda de la independencia. Y además en la expansión de la nación hacia el oeste, donde regía la ley del "sálvese quien pueda" ante los bandidos sueltos, los desertores y ex combatientes de la guerra civil (1861-1865), y los indios que se sentían invadidos. Todo digno de una potencia arrolladora que no medía consecuencias.

Todavía hoy, en medio de asesinatos masivos en las escuelas y en las calles, pueden comprar armas donde quieren, hay asociaciones defensoras de la tenencia y cuestionadores acérrimos de esta norma que se parece a la del "Far West". Hay comercios dedicados a la venta de cualquier tipo de equipamientos militares. Lo que a cualquiera se le ocurra.

En la Argentina, la autorización fue publicada en el Boletín Oficial como Resolución Gubernamental 956/2018 y se le dio la campanada de largada el 4 de diciembre, mes en el que se prevén manifestaciones y violencia por reclamos de distintas índole, entre ellos el deterioro salarial y el crecimiento de la pobreza. El permiso se extiende a la Policía Federal, a la Prefectura, a la Gendarmería y a otras instituciones de seguridad, sin más detalles. Y puede ser llevado adelante en las protestas sociales.

Hay, en la autorización, una sutileza: "Se hará uso de armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos" o "para impedir un delito grave".

La gran mayoría de las víctimas de delincuentes es posible que aprueben esta determinación. El resto de la sociedad queda sorprendida, para no decir azorada. Algunos la definen como una reacción "populista" de la Casa Rosada y otras como reacción frente a los 40 policías asesinados a lo largo del 2018. Porque, aunque no se quiera, este nuevo aval hace recordar al elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rodeado de militares en su gabinete, que aprueba acabar a sangre y fuego con la delincuencia. No en vano obtuvo cierta cantidad de votos por su iniciativa, harta la sociedad por la violencia desatada. Otros votos fueron por la corrupción avanzada del Partido de los Trabajadores.

¿En qué se ha basado el Gobierno para adoptar este criterio? ¿Las fuerzas que teóricamente proveen seguridad han sido formadas con criterios inteligentes y válidos para estos momentos de emergencia? ¿Pueden disparar a diestra y siniestra? ¿Se tiene en cuenta que un tiro disparado contra un ladrón o un saqueador puede matar a un inocente que camina por la calle? Se puede dar fe de este último tipo de accidentes fatales.

Lo sorprendente es que no hubo un solo dirigente político argentino, ningún jefe de partido, absolutamente nadie —con excepción de Lilita Carrió— que opinara, que aportara algo, de sugiriera otro tipo de reacción. Carrió utilizó una imagen muy fuerte: "La reglamentación para fuerzas de seguridad viola los derechos humanos fundamentales". Y agregó, enfática: "Nosotros no vamos a ir al fascismo".

Pero, se insiste: ¿cómo es posible que la conducción política y parlamentaria del país no opine sobre ello? ¿Alguien propuso un plebiscito para dirimir la conveniencia o no de la autorización oficial? ¿Aportará su ayuda el Poder Judicial? ¿Qué tipo de sentencias dictará?

Hay un antecedente a todo esto y surgió en el gobierno de Carlos Menem. Así, su ministro de Interior, Carlos Corach, firmó un permiso que le daba la mano a las fuerzas de seguridad, que no estaban obligados a identificarse antes de disparar contra un sospechoso. Lo hizo tras el asesinato de un suboficial que, cenando con su familia, intentó impedir un asalto al restaurante. Dijo entonces Corach: "Nosotros debemos actuar dentro de la ley, pero con extrema dureza y con extrema severidad".

Este respaldo tuvo un punto final. El asesinato por la policía contra manifestantes en el puente Avellaneda: Kosteki y Santillán. Desde entonces, los gobiernos que sucedieron al de Eduardo Duhalde evitaron a toda costa que las fuerzas de seguridad cargaran con la culpa de un herido grave o un muerto. Así las cosas, el kirchnerismo dejó hacer manifestaciones y piquetes, poniendo límites muy serios a la represión de actos masivos o de delitos individuales de cualquier tipo. Se pasaron de largo en la permisividad.

Hay voces que proponen otras soluciones frente a la seguridad. Desde la de "los delincuentes son víctima de la sociedad" del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni (muy comprometido con la causa kirchnerista) hasta darle un destino laboral y educativo en la vida a los jóvenes (el 45% de los niños están en la pobreza en la Argentina y llegarán —todo indica— resentidos a la adolescencia). Pocos fueron los que han insistido en esas otras maniobras antes de tomar un arma y disparar porque es lo que decide un policía, en un instante, el límite entre la vida y la muerte.

Todo es lamentable: la violencia, la inseguridad, el tiro fácil.