(Nicolás Aboaf)
(Nicolás Aboaf)

Lo que se discute por estos días en el Congreso es, efectivamente, un tema vinculado con la vida. Mientras quienes se oponen a la despenalización y legalización del aborto centran su argumento en el momento en que comienza la vida -un tema sobre el que no hay acuerdo entre expertos de diversas disciplinas- aquellos que estamos a favor lo hacemos porque pensamos en las vidas de mujeres que se arriesgan, que se arruinan y que se pierden cada año en prácticas que, no por prohibidas, no existen. Ya terminó el tiempo de la hipocresía: los abortos se hacen desde siempre y se van a seguir haciendo y las mujeres van a seguir poniendo en juego sus cuerpos y sus vidas en el mejor de los casos, en las manos de profesionales que se arriesgan para asistirlas, y en el peor, en las de sujetos inescrupulosos que lucran con su desesperación.

Cualquiera sea el resultado de este debate, hay dos conclusiones evidentes. Una es que el tema ganó la agenda pública y lo que antes era apenas un espasmo regular de algunos medios y el trabajo de militantes históricas hoy está en las conversaciones familiares, en las escuelas, en los trabajos y en todos los espacios compartidos. Ya no se habla a escondidas y los más chicos (y digo los más chicos deliberadamente, porque se trata de varones y mujeres) incorporaron el reclamo de despenalización a su lista de pendientes, en el marco de un cambio general de conducta en relación a los derechos de las mujeres.

La otra conclusión está relacionada y es que la despenalización es una batalla ganada socialmente. Cada vez son más las personas que, aún estando personalmente en contra y asegurando que no recurrirían a la práctica del aborto, creen que hay que legislar para terminar con lo que es un angustiante problema de salud pública y un indicador brutal de la brecha que determina que si hay dinero, es posible recibir una asistencia medianamente digna mientras que para las más vulnerables, el aborto es sinónimo de riesgo de vida.

Cada vez más personas, además, son conscientes de que las propias convicciones, ideologías o sentimientos religiosos no pueden marcar la agenda política ni dominar las políticas públicas. Por estos días muchos recuerdan los dichos del ex presidente francés Valery Giscard D'Estaing, cuando debió abordar la despenalización del aborto en su país, en 1975, y al mismo tiempo enfrentarse a los reclamos de la Iglesia durante el papado de Paulo VI y también luego, con Juan Pablo II.

"(…) Yo soy católico pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos (…), lo que tengo que hacer es velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia Católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a aquéllos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la Ley Civil la que puede imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. Como católico estoy en contra del aborto, como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización".

A veces escucho o leo a personas que están en contra de la legalización y aseveran que el problema de legalizarlo es que algunas mujeres lo usarían como método anticonceptivo. Hay un error técnico grosero en la apreciación y un horror conceptual que roza la ignorancia y la mala fe.

El error técnico es hablar de anticoncepción cuando seguramente quieren referirse al control de la natalidad. El horror conceptual es de una frivolidad inquietante. Cuesta imaginar que quienes dicen tamaña insensatez hayan pasado alguna vez por la experiencia de un aborto. Cuesta imaginar a cualquiera de ellos desbordado de angustia durante semanas, resolviendo un tema central a hurtadillas, negociando tarifas de mercado negro, despertando de la anestesia en una camilla clandestina, pensando que si les ocurre algo malo nadie se hará responsable y algo más: imaginando que a lo mejor nunca más volverá a ser feliz.

Ninguna vida merece semejante desconsuelo y está en las manos de los poderes del Estado resolverlo a través de la ley.