Las mujeres estamos atravesando un momento de despertar a la conciencia de una histórica postergación. Es un tiempo de lucha y reivindicación de nuestros derechos. El debate se ha instalado de modo irreversible como un tema central en la agenda pública. No obstante, que un reclamo se haya hecho visible no implica que esté solucionado y, en algunos casos, ni siquiera que se haya avanzado objetivamente en la contención de las consecuencias derivadas de las inequidades que se denuncian.
Tal es así que hoy podemos hablar de que en nuestro país aún hay un femicidio cada 30 horas, que la brecha salarial es de un 25% a favor de los hombres y que el 76% del trabajo no remunerado es realizado por mujeres, solo para citar algunas estadísticas.
La visibilización del problema, que se ha logrado gracias a la militancia de miles de mujeres en todo el país, es el comienzo de un proceso en el que quienes cumplimos un rol en el diseño de políticas públicas tenemos una responsabilidad primaria en la tarea de proponer soluciones. De lograr una transición efectiva entre la toma de conciencia y la acción. Estar a la altura de este momento crucial en la historia de los derechos civiles implica avanzar en el desarrollo de instrumentos legislativos que garanticen la igualdad tan reclamada.
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Para eso es fundamental tener una comprensión profunda de los problemas, lo que no se puede lograr sin estadísticas confiables que reflejen aquello que debemos solucionar. Esa convicción es la que nos ha motivado a presentar, desde nuestro espacio en la Legislatura de la Ciudad, proyectos enfocados en estimular la generación de información específica al respecto. Ejemplos de esto han sido la ley de enfoque de género en las estadísticas de la Ciudad, aprobado por unanimidad, o el proyecto de ley de encuesta sobre el uso del tiempo, que se encuentra aún en tratamiento.
La buena información para debatir de modo conducente es clave. Por ejemplo, uno de los problemas de género del que se dispone de mejores datos es el de la brecha salarial entre mujeres y hombres. Gracias a ello podemos saber que uno de los tantos factores que inciden en el sostenimiento del problema es el impacto que la maternidad o la paternidad genera o no en el desarrollo profesional de una persona. Los datos nos indican que, con la legislación actual, la maternidad se transforma en una desventaja al compararla con la paternidad. Incluso si la comparamos con mujeres que no son madres: la brecha salarial entre las madres y no madres es de 17% a favor de las últimas. Esto se debe, en gran medida, a que el ausentismo producto de las licencias y las obligaciones culturales de crianza aún recae más sobre las mujeres.
Que la mujer tenga una licencia por maternidad de 90 días y el hombre de 48 horas no solo refuerza estereotipos de género en relación con las obligaciones, sino que atenta contra el derecho de los padres a cuidar de sus hijos. Por eso, las legislaciones deben avanzar generando situaciones de mayor igualdad, equiparando los derechos y las obligaciones de madres y padres. En ese sentido, ha sido una buena noticia que en la Cámara de Diputados de la Nación se esté trabajando por primera vez en nuestro país en la extensión de la licencia por paternidad a 15 días.
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Si bien es un importante primer paso, también hay que decir que este tipo de políticas deberán progresar hacia situaciones de mayor nivel de igualdad, como, por ejemplo, más días para los padres y hacia un modelo de licencia familiar en el que los días de licencia, más allá de las primeras semanas, puedan ser utilizados de modo indistinto tanto por la madre como por el padre. Hasta que una situación de virtual paridad al respecto no ocurra, para el empleador los "costos" asociados de contratar a un hombre padre serán menores que los de una mujer madre, y de ese modo prevalecerán las diferencias en ese aspecto específico de la brecha salarial y al acceso a cargos directivos.
Cuando hablamos de políticas públicas, lo que no se mide difícilmente se solucione. En materia de derechos, lo que no es equitativo es injusto. Por eso, la legislación debe tender, en primer lugar, a medir y comprender y, luego, a desestimular patrones culturales que favorezcan las asimetrías en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Solo así podremos hacer que la nueva conciencia social se refleje en una sociedad verdaderamente igualitaria.
La autora es legisladora del espacio Confianza Pública dentro del bloque Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires.