Penosa manipulación política del caso Maldonado

La desaparición de Santiago Maldonado es explotada por el kirchnerismo como un recurso para mejorar en octubre su pobre desempeño en las PASO. Se ha querido hacer de este lamentable episodio un caso que demuestre lo que desde el mismo día de la inauguración de la presidencia de Mauricio Macri el kirchnerismo da a entender: que es un gobierno ilegítimo.

¿Qué mejor, entonces, para esos propósitos, que vincular al gobierno de Cambiemos con el procedimiento más tenebroso y brutal empleado por la última dictadura militar, la desaparición forzada de personas? Es una operación tan burda que no debería merecer mayores comentarios. Sin embargo, es necesario ponerla en evidencia porque el esfuerzo propagandístico que la alimenta es considerable.

El único hecho cierto es que un ciudadano, Santiago Maldonado, no aparece desde hace un mes. De este dato objetivo a la afirmación sobre su desaparición forzada hay un enorme trecho, que, por un lado, es inconcebible en las actuales circunstancias de la Argentina y, por el otro, carece de la menor prueba.

Empecemos por lo último. No está probado, como se repite hasta el cansancio, que Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería. Se invoca el supuesto testimonio de dos personas de la comunidad mapuche, que no declararon judicialmente porque pretendían hacerlo encapuchadas y sin exhibir su documento de identidad. Es decir, no hay nada más que vagas versiones.

Pero lo que debe quedar muy claro es que no toda desaparición de una persona es una desaparición forzada, con las precisas implicancias jurídicas que tiene este concepto. En el caso que nos ocupa, no se ha probado, ni hay siquiera indicios relevantes sobre ello, que Maldonado fuera privado de su libertad, ni que esa supuesta privación hubiese sido cometida por agentes del Estado, ni que el Estado hubiera negado información al respecto o se negara a expresar el paradero de Maldonado. No lo ha informado, es cierto, pero por la sencilla razón de que no lo conoce. El gobierno nacional ha puesto todos sus recursos en la búsqueda de este joven.

Pero vayamos a la pregunta principal: ¿alguien en su sano juicio puede creer que el gobierno de Cambiemos, integrado por un joven partido, el PRO, por la Coalición Cívica, liderada por una personalidad indiscutible en el campo de la ética pública como Elisa Carrió, y por la Unión Cívica Radical, el partido que impulsó, en 1983, contra la opinión del peronismo, los juicios a los comandantes en jefe de la dictadura militar, va a promover la desaparición forzada de personas?

Lo que es verdaderamente repugnante es la manipulación de este tema tan sensible por parte de quienes solamente procuran una ventaja política. Las indicaciones del gremio docente Ctera a sus afiliados para que les enseñen a los niños que Maldonado fue desaparecido por la Gendarmería y que el Gobierno de Macri lo promovió y lo oculta —aunque se usen otras palabras, lo que se sugiere es claramente eso— es canallesco.

Nada tiene que ver esa grosera operación, de tintes totalitarios, con la libertad de cátedra ni con la necesaria discusión, adaptada a las diferentes edades, sobre temas de actualidad, siempre que sea para informar, para despertar la curiosidad y el espíritu crítico, y no para imponer dogmas. La mayor perversión ocurrió en escuelas de ciudades de Chubut y Río Negro, en las que se les exhibieron a los niños fotos de gendarmes a los que se señalaba como los asesinos de Maldonado. Algunos de esos alumnos eran hijos de los gendarmes difamados.

Todos los argentinos de bien deseamos la aparición de Santiago Maldonado y de cualquier otra persona desaparecida. No necesitamos colgarnos ningún cartel para demostrar nuestro compromiso sincero con los principios más elementales de una sociedad que se organiza en torno al Estado de derecho. Es precisamente uno de esos principios, el de inocencia, el que nos impide acusar sin pruebas. Para quienes defendemos verdaderamente, no hay desapariciones de primera, las de los militantes de izquierda, y de segunda, las de categorías inferiores como los guardiacárceles, según la doctrina sentada en estos días por Hebe de Bonafini, a la que por una extraña ironía de la historia muchos siguen identificando como la encarnación viviente de los derechos humanos.