Los debates son hoy una práctica muy extendida en las campañas políticas del mundo, y se los reconoce como una de las formas de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos en tiempos electorales. No solamente porque contribuyen al ejercicio del necesario "control ciudadano" sobre el cumplimiento de las promesas electorales, sino porque también son beneficiosos para los candidatos, ya que permiten —en un marco de equidad— una mayor difusión de sus candidaturas y sus propuestas.

El intercambio público de ideas nos permitirá dejar atrás, en parte, las campañas tradicionales basadas en la comunicación unilateral de los candidatos, que propician el diálogo entre los actores políticos para que la ciudadanía pueda establecer contrastes sobre la base de la interacción. A decir del legislador Marcelo Guouman: "El ciudadano tiene el derecho a obtener la información directa del candidato. En la era de las nuevas tecnologías y de la mediatización del mensaje, el acceso a la cosmovisión de un hombre de Estado es central para la decisión entre las distintas preferencias electorales".

Un debate que oficie como reivindicativo de las plataformas políticas, donde se pueda poner el foco más en el contenido que en la imagen. Sin dudas, avanzar hacia la institucionalización del debate público nos dará la oportunidad de perfeccionar la herramienta día a día: partiendo de diversidad de actores se puede discutir desde la variedad de formatos de debates hasta la posibilidad de que estos sean temáticos y por comunas. Lo que ya no puede estar más en discusión es su obligatoriedad. El formato debe garantizar la imparcialidad, la independencia y la neutralidad tanto en el ámbito de su organización como en el de su conducción y su moderación.

En la región, hasta las elecciones de 2015, sólo República Dominicana y Argentina no habían celebrado jamás un debate presidencial. En nuestro país, en el año 2015, esta situación comenzó a cambiar: durante dicho proceso eleccionario tuvo lugar el hasta hoy único debate presidencial en el país, organizado por el colectivo Argentina Debate. No fue obligatorio y por esa razón Daniel Scioli recién decidió participar en la instancia del ballotage, que lo enfrentó al actual presidente, Mauricio Macri.

En la Ciudad de Buenos Aires, el primer debate entre candidatos a jefe de Gobierno tuvo lugar en 2003, con Aníbal Ibarra y Mauricio Macri como protagonistas, televisado por la Televisión Pública y moderado por el entonces director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Damián Loreti. En 2007, debatieron tres candidatos: nuevamente Macri, Daniel Filmus y Jorge Telerman, pero el escenario fue la señal Todo Noticias. En 2011, el líder del PRO y Pino Solanas también acudieron a TN para ser interrogados por separado, sin discutir entre ellos, mientras que Filmus directamente se negó a asistir. Una semana después, se celebró otro debate en la UBA (y por Canal 7); esta vez el propio Macri —que ya había participado de dos debates— eligió no participar. Por último, el año pasado, Mariano Recalde, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta debatieron en el programa A dos voces (TN).

En los países que no tienen cultura de debate o en los que estos no son obligatorios por ley, los candidatos que quieren debatir con sus adversarios son generalmente los que están en desventaja en las encuestas, mientras que los favoritos rehúyen de este ejercicio. Este problema se deriva del axioma de la "silla vacía", postulado que indica que el candidato con mejores chances de ganar no debe nunca presentarse a debatir con sus rivales.

No debe perderse de vista que en nuestro país los candidatos realizan sus campañas esencialmente con fondos públicos y que, al oficializar sus candidaturas, asumieron un compromiso democrático ante la ciudadanía consistente, entre otras cosas, en proporcionar información a los ciudadanos acerca de sus propuestas.

¿Por qué, si para los ciudadanos es obligatorio votar, para los candidatos no debería ser una obligación informarnos sobre sus proyectos y sus programas? El problema parece ser cultural y necesita un giro en el foco en el que está puesto el acento: los electores tenemos el derecho de saber qué es lo que van a hacer los que finalmente resulten electos.

La tendencia parece estar cambiando. El Gobierno nacional viene elaborando, a través de la Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior, un proyecto de ley de reforma política que incluye la previsión de que los candidatos a presidente de la nación debatan antes de las elecciones generales y, en caso de haber, en la previa del ballotage o segunda vuelta. Recientemente, en la provincia de Buenos Aires también se presentó un proyecto para que el debate fuera obligatorio entre candidatos a gobernador.

Natalia Fidel, legisladora porteña y presidente de la Comisión de Reforma Política, expresó su opinión sobre la necesidad de consensuar una ley que regule los debates de candidatos: "En la comisión, nos propusimos trabajar en una ley de debate obligatorio, porque, al igual que la Defensoría y el Consejo Económico y Social, muchos legisladores creemos que los ciudadanos tienen derecho a escuchar y evaluar las propuestas de los candidatos. Por eso, proponemos que los debates sean públicos, obligatorios y organizados con la mayor transparencia posible, es decir, implementados por una autoridad pública y transmitidos en señal abierta por el Canal de la Ciudad, sobre la base de un reglamento acordado entre los contendientes y con la posibilidad de que la ciudadanía participe de la selección de los ejes temáticos a través de una encuesta pública y virtual".

Desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), venimos trabajando para pensar la ciudad y avanzar en iniciativas que contribuyan al intercambio de ideas y permitan mejorar la calidad de vida de los porteños. En esta dirección, en el marco de la segunda asamblea de 2016, con la participación de las 26 organizaciones que integran la institución, el CESBA acordó enviar a la Legislatura porteña, en el marco de la facultad de iniciativa parlamentaria que le confiere la ley 3317, un proyecto para la obligatoriedad del desarrollo de debates públicos y obligatorios para las elecciones de jefe de Gobierno.

Creemos que es imperioso crear un marco normativo que regule la organización y la difusión de los debates. Todo instrumento que permita el libre flujo de información, potencie el pluralismo y brinde herramientas para ejercer un voto libre e informado, resulta fundamental para la calidad democrática y merece todo el apoyo de las instituciones de la ciudad.

 

@Saravia_Fede

 

El autor es presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires