La Fiscalía General de la República (FGR) negó que se haya ejecutado una orden de cateo en la oficina que ocupaba Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, cargo del que renunció el pasado 14 de julio tras poco más de seis meses en el puesto.
La institución encabezada por Ernestina Godoy calificó de falsa la información difundida y señaló al medio Latinus, quien presuntamente aseguró sin fundamento que la diligencia se había llevado a cabo.
El pronunciamiento llegó la noche pasado martes 21 de julio y no tomó la forma de un comunicado formal; la FGR lo publicó en los comentarios de diversas publicaciones que replicaban la nota en redes sociales.
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El pasado 20 de julio, Lara rechazó los señalamientos que le atribuían conductas contrarias a la ley y pidió que cualquier aclaración se atendiera por vías formales, con relación a una columna donde fueron publicadas diversas hipótesis que incriminan al exservidor público.
La FGR aclaró que Lara no investigaba al gobernador Rocha Moya
En el mismo pronunciamiento, la institución refutó otra afirmación atribuida a Latinus: que Lara era el responsable de la investigación relacionada con el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por EEUU de presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
La FGR precisó que ese expediente fue conducido, desde su apertura, por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la FECOR.
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La institución cerró con una crítica directa al medio: “Lamentamos que dicho medio de comunicación difunda información que solamente confunde y engaña a la opinión pública”.
Latinus sostuvo su versión y acusó a la FGR de descalificar al medio
Latinus respondió mediante un mensaje en X y mantuvo su información. El medio señaló que tuvo conocimiento de que elementos de la institución habrían ingresado a las que fueron las oficinas de Lara, que el acceso habría sido notificado al personal de la dependencia como un cateo que incluía revisión de archivos, y que la información fue respaldada por una segunda fuente. Añadió que antes de publicar consultó a la oficina de Comunicación Social de la FGR, pero no obtuvo respuesta.
Además, acusó a la FGR de haber emitido su pronunciamiento únicamente después de que la publicación salió a la luz, y de recurrir a la descalificación del medio para desviar “la falta de claridad en el tema”. El medio sostuvo que, independientemente del nombre que se le diera a la diligencia, la incursión en las oficinas de Lara se produjo en medio de versiones que apuntan a que su trabajo está siendo revisado más allá de una simple entrega de recepción.
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Lara rechazó los señalamientos y pidió que las aclaraciones fueran por vías formales
En otros hechos, el pasado 20 de julio, Ulises Lara publicó un comunicado en sus redes oficiales en el que rechazó cualquier señalamiento que le atribuyera conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuvo encomendadas durante su paso por la institución.
En ese texto sostuvo que durante el ejercicio del cargo se condujo conforme al marco legal y a las atribuciones conferidas. Añadió que no participaría en discusiones públicas basadas en versiones parciales o señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes, y cerró con un agradecimiento a “las muestras de confianza recibidas en estos días”.
Fue su segunda declaración pública desde que el 14 de julio se confirmó su salida. En la primera, un breve comunicado ese mismo día, alegó “motivos estrictamente personales” y anunció que su prioridad inmediata sería realizar una entrega ordenada y documentada de los asuntos bajo su cargo.
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La salida de Lara estuvo rodeada de versiones sobre un cese encubierto
El columnista Raymundo Riva Palacio publicó en Estrictamente Personal que la salida de Lara no fue voluntaria, sino un cese ordenado desde las más altas esferas del Ejecutivo. Según esa columna, un trabajo de contrainteligencia realizado a espaldas de Godoy Ramos habría revelado que Lara suministró información estratégica a agentes estadounidenses durante aproximadamente seis años, primero desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y luego desde la FGR.
La columna también señaló que Lara habría llegado a pactos con personajes involucrados en el contrabando de combustible, entre ellos el empresario neoleonés Raúl Rocha Cantú, investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala. Riva Palacio atribuyó esa información a dos fuentes, sin identificarlas.
El detonante inmediato del cese, de acuerdo con Estrictamente Personal, habría sido la liberación en un juzgado de Nuevo León de José Antonio Cortés, “El Titán”, presunto líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y lavado de dinero.
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Lo que rompió la confianza en Palacio Nacional, según la columna, no fueron los presuntos negocios ilegales de Lara sino el hallazgo del supuesto informante.