Sinaloa ha vivido una ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa iniciaron una disputa tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada -su exlíder- por su propio ahijado Joaquín Guzmán López.
Aunque la violencia en un inicio se enfocó en Culiacán y Mazatlán, poco a poco se extendió a gran parte de la entidad, provocando que desde el norte hasta el sur se registren enfrentamientos, ataques armados, desapariciones y asesinatos.
Entre los municipios afectados se encuentran Escuinapa, Badiraguato, El Fuerte, El Rosario, Choix, entre otros. Aunque cada uno ha registrado hechos violentos, el primero es uno de los que más destaca debido a que en plena visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, un vehículo explotó en plena carretera y dejó daños materiales.
PUBLICIDAD
La violencia en el sur del estado empezó a visibilizarse a mediados de diciembre del año pasado, cuando se reportaron diversos ataques con explosivos en inmuebles del Ayuntamiento de Escuinapa, pero se recrudeció durante este año, cuando el norte también comenzó con enfrentamientos; sin embargo, esto ha implicado a otros grupos criminales aliados al Cártel de Sinaloa.
Del CJNG a Los Flechas: el asedio del sur de Sinaloa
David Saucedo, experto en seguridad pública, detalló a esta casa editorial que la violencia en ambos frentes de la entidad no es casualidad, ya que se trata de un nuevo frente de guerra provocado por el quiebre de una especie de acuerdo que tenían ambas facciones para evitar que sus finanzas se vieran afectadas.
El especialista explicó que estos municipios son las principales zonas de producción de droga y reclutamiento de las células, por lo que su asedio se debería a que la dinámica criminal está evolucionando.
PUBLICIDAD
Además de intentar quebrar sus finanzas, Saucedo detalló que el ingreso de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde el sur de Sinaloa para brindar apoyo a Los Chapitos es otra de las cusas por las que la violencia se recrudece.
La intervención del CJNG en Sinaloa fue finalmente reconocido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 16 de junio, luego de que minimizaron los reportes sobre el ingreso de sicarios, mantas, pintas y hasta chalecos con siglas del también llamado cártel de las cuatro letras.
Al respecto, García Harfuch explicó que la alianza entre el CJNG y Los Chapitos se enfocaba en el financiamiento y envío de sicarios.
Marcos Vizcarra, reportero y periodista originario de Sinaloa, detalló en entrevista con Infobae México que la violencia en el sur del estado también ha sido provocada por el ingreso de sicarios de Los Flechas, una célula aliada a Los Mayos que les ha brindado apoyo en su guerra contra Los Chapitos.
PUBLICIDAD
De acuerdo con el comunicador, desde el mes de febrero pasado se han registrado hechos violentos en la franja que colinda con Nayarit, sitio donde opera el grupo criminal.
El área afectada abarca los municipios sinaloenses de Mazatlán, Concordia, Escuinapa y Rosario, y se extiende hacia la zona norte de Nayarit, incluyendo territorios de la región Huichólica, aunque sin llegar todavía a Tepic.
Cabe señalar que este grupo criminal es señalado como un brazo armado que mantiene operaciones en Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.
La violencia ha provocado, de acuerdo con los datos reconocidos por el propio gobierno del estado, un total de 3 mil desplazados. En el sur de la entidad, y específicamente en Escuinapa, aún no se tienen contabilizados los casos de familias que tuvieron que abandonar sus casas.
PUBLICIDAD
Al respecto, Vizcarra dijo que se ha tenido información de personas que se movilizaron hacia Chihuahua, Culiacán, Cosalá y San Ignacio para evitar la violencia.
Además, explicó que los hechos violentos no solo se han registrado a lo largo de la entidad, sino que desde hace al menos dos años también se han llevado a cabo en Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California, pero no han sido visibilizados debido que son territorios sin periodistas ni activistas, donde las comunidades desplazadas no aparecen en ninguna estadística oficial.