Colectivos denuncian estancamiento en la búsqueda de José Gabriel Pelayo, defensor ambiental en Michoacán

José Gabriel Pelayo, maestro y activista ambiental, fue visto por última vez el 19 de marzo del 2024 en Coalcomán, Michoacán. Desde entonces, persiste su desaparición y la ausencia de resultados efectivos en la investigación, según organizaciones civiles como Frontline Defenders

A dos años de la denuncia del caso, diversos colectivos acusaron lo que describen como una situación de impunidad agravada por la crisis de seguridad en la región Sierra-Costa.

Según el documento firmado por distintos colectivos, el Estado mexicano no ha logrado localizar a José Gabriel Pelayo ni ha presentado avances significativos en la investigación sobre su paradero.

Esta situación representa, de acuerdo con las organizaciones, una grave violación de los derechos de la familia y la comunidad del activista. Además, vinculan el caso a otros episodios en la zona, como las desapariciones de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en enero de 2023 y el homicidio de Eustacio Alcalá Díaz en abril de ese mismo año.

Estos hechos reflejan, según el pronunciamiento, la incapacidad institucional para garantizar la seguridad en la región Sierra-Costa.

Desde 2013, defensores ambientales han presentado denuncias públicas y judiciales sobre el control territorial ejercido por agrupaciones armadas que buscan dominar rutas estratégicas desde la costa del Pacífico hasta Tierra Caliente.

Resaltaron que en esa zona, la presencia de megaproyectos de extracción de minerales y recursos naturales representa un riesgo para las comunidades.

Comentaron que recientemente, diversos medios de comunicación difundieron la existencia de un mapa estratégico hallado en un escondite atribuido al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicho mapa confirma que la región Sierra-Costa de Michoacán es un corredor clave para actividades logísticas y económicas de la organización criminal.

Las organizaciones firmantes subrayan que la desaparición de José Gabriel Pelayo debe analizarse en el contexto de su labor como defensor ambiental en un territorio donde grupos criminales controlan el tráfico de drogas y precursores químicos.

El caso, insisten, no constituye un incidente aislado, sino parte de un patrón de violencia e impunidad que afecta a la región.

En su pronunciamiento, los colectivos solicitan que el Estado mexicano actúe de forma inmediata para cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos, tanto a nivel federal como estatal.

Plantean la necesidad de una búsqueda efectiva de José Gabriel Pelayo, con la participación de su familia y acceso total a la información sobre el caso.

Asimismo, reclaman que se realicen investigaciones ágiles y objetivas para identificar y sancionar a todos los involucrados en la desaparición, incluyendo a quienes hayan planeado o facilitado el delito. Piden abrir investigaciones federales sobre las estructuras y redes vinculadas al tráfico en la región.

Exigen una estrategia de seguridad enfocada en la protección de las comunidades de la Sierra-Costa, que respete los derechos humanos y la autonomía local.

Además, demandan acciones para evitar ataques de grupos criminales contra la población civil y la elaboración de un plan de justicia y paz con participación comunitaria.

Finalmente, insisten en la necesidad de investigar y castigar cualquier acto de omisión, encubrimiento o complicidad de las autoridades con organizaciones criminales que permitan el control territorial del crimen en la zona.

“La desaparición de José Gabriel Pelayo no es un incidente aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de violencia, desapariciones e impunidad que afecta a las comunidades de la región”, sostienen las organizaciones.

Familiares y comunidad del activista mantienen la exigencia de verdad y justicia, ante la incertidumbre y angustia derivadas de su ausencia.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Defensores de Primera Línea, la Ibero – Clínica Jurídica de Defensa Penal, la Ibero – Incidencia/Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, la Red Solidaria de Derechos Humanos, Redes por la Diversidad, Equidad y Sostenibilidad AC, Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC, Servicios y Asesoría para la Paz AC, Voces del Territorio y el acompañamiento de Brigadas de Paz Internacional – Proyecto México.