Experto de la ONU advierte retos ambientales en México ante expansión industrial, pide fortalecer marco legal

Marcos Orellana, relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, instó a México a tomar acciones inmediatas de justicia ambiental ante la proliferación de zonas de sacrificio derivadas del crecimiento industrial, al concluir su visita oficial al país.

De acuerdo con un comunicado de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el experto reconoció el liderazgo internacional de México en la materia, pero advirtió sobre la brecha entre ese posicionamiento global y los desafíos persistentes a nivel interno.

Durante su declaración, Orellana destacó que el gobierno mexicano identificó la existencia de regiones de emergencia sanitaria y ambiental (RESA), lo que representa un avance en el reconocimiento del problema.

“Es alentador ver que el Gobierno ha reconocido este desafío con el establecimiento de regiones de emergencia sanitaria y ambiental (RESA).

“Este reconocimiento debería conducir a políticas y acciones concretas para atender estas emergencias, incluyendo planes de justicia ambiental”, señaló el relator.

El relator subrayó la importancia de que los estudios científicos sobre el impacto tóxico en diversas regiones y sectores productivos de México se traduzcan en políticas públicas que protejan los derechos fundamentales de la población.

Añadió que los principios de prevención, precaución y responsabilidad integral deben orientar la respuesta estatal ante este fenómeno.

La visita de Orellana coincidió con un aumento en las importaciones de desechos al país. En este sentido, el experto advirtió sobre el uso de residuos como combustible industrial bajo el concepto de co-procesamiento, calificando la práctica como una externalización de los costos reales.

“En definitiva, el combustible barato resulta caro para la salud de la gente. Quemar residuos es el punto final de una economía lineal, y es una práctica enteramente contrapuesta a una economía circular”, puntualizó el relator en el mismo comunicado.

En el terreno regulatorio, México ha fortalecido su marco ambiental, aunque el relator señaló la ausencia de una ley general de sustancias químicas y de una regulación específica para plaguicidas altamente peligrosos.

A su juicio, el marco normativo debe complementarse con políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, así como con mecanismos claros de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, principalmente en materia de salud y medio ambiente.

El comunicado de la CEDAW también recoge el reconocimiento de Orellana al papel del Poder Judicial Federal en la garantía del acceso a la justicia para comunidades afectadas por sustancias tóxicas, en especial en casos de contaminación del agua.

El relator hizo referencia a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre legitimación activa y carga dinámica de la prueba, y alentó a que estos avances sigan fortaleciéndose.

También valoró los esfuerzos del Poder Judicial en la apertura de diálogos con los Pueblos Indígenas.

Según la declaración, Orellana valoró los avances en la implementación del Acuerdo de Escazú y la elaboración de una hoja de ruta para su plena aplicación, al considerar este instrumento como un igualador de asimetrías en favor de los derechos de la población.

El experto subrayó la centralidad del derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos como base de la paz y prosperidad de los pueblos.