Layda Sansores advierte penas de hasta 37 años de prisión para manifestantes detenidas tras marcha del 8M en Campeche

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió que dos mujeres detenidas tras los disturbios registrados durante la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M) podrían enfrentar penas de entre 25 y 37 años de prisión, al ser investigadas por presunto homicidio calificado en grado de tentativa contra mujeres policías.

Durante la transmisión de su programa “Martes del Jaguar”, la mandataria estatal señaló que las acusadas habrían intentado incendiar a elementos de seguridad durante la protesta realizada el pasado 8 de marzo en la capital del estado.

De acuerdo con su versión, las mujeres presuntamente arrojaron gasolina y cerillos contra las agentes que resguardaban el Palacio de Gobierno.

Sansores informó que ambas ya fueron ingresadas al penal de San Francisco Kobén y que será un juez quien determine su situación jurídica en la audiencia inicial del proceso penal.

Protesta del 8M en Campeche terminó con 14 personas detenidas

De acuerdo con autoridades estatales, durante la movilización feminista se registraron momentos de tensión frente al Palacio de Gobierno, donde algunas manifestantes realizaron actos de iconoclasia y confrontaciones con la policía.

Inicialmente 14 personas fueron detenidas por su presunta participación en los disturbios. Tras las primeras diligencias legales, nueve recuperaron su libertad bajo reservas de ley, entre ellas una menor de edad y una estudiante.

Las cinco personas restantes —cuatro mujeres y un hombre— fueron puestas a disposición de un juez de control y trasladadas al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde continúan las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

Fiscalía analiza imputar homicidio calificado en grado de tentativa

Según explicó la gobernadora, las investigaciones permitieron identificar a dos mujeres como presuntas responsables directas de rociar combustible sobre los escudos y las agentes policiales que participaban en el operativo de seguridad.

La Fiscalía General del Estado de Campeche planea presentar el caso bajo la figura jurídica descrita, delito que contempla penas elevadas debido a la gravedad de los hechos.

Durante su mensaje, Sansores señaló que, en caso de acreditarse el delito, las responsables podrían enfrentar sentencias de entre 25 y 37 años, al tratarse de un intento de privar de la vida a servidoras públicas durante un operativo.

Colectivas y organizaciones denuncian detenciones arbitrarias

Las detenciones han generado críticas por parte de organizaciones civiles. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México acusó que algunos arrestos se realizaron sin flagrancia y de forma arbitraria.

Entre los casos señalados se encuentra el de Esli, estudiante de doctorado en el Colegio de la Frontera Sur, quien —según testimonios y evidencia presentada por la institución— no habría participado en los hechos violentos.

Colectivas feministas también cuestionaron el operativo policial y señalaron que algunas de las mujeres detenidas ni siquiera habrían estado involucradas en los actos de agresión contra las policías.

Gobierno estatal advierte sanciones y reparación de daños

Además de las acusaciones por tentativa de homicidio, el gobierno de Campeche adelantó que otras participantes en la protesta podrían enfrentar sanciones administrativas o penales por los daños materiales ocasionados durante la manifestación.

Entre las medidas previstas, las autoridades estatales señalaron que quienes participaron en actos de iconoclasia o realizaron pintas en edificios públicos deberán reparar los daños y limpiar los inmuebles afectados, particularmente el Palacio de Gobierno.

Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche informó que dará seguimiento al proceso judicial para vigilar que se respeten los derechos de las personas detenidas.

Detenciones tras la marcha del 8M: situación legal

• 14 personas fueron detenidas inicialmente durante los disturbios registrados en la movilización feminista.
• Nueve personas fueron liberadas posteriormente bajo reservas de ley tras la revisión de su situación jurídica.
• Entre quienes recuperaron la libertad se encontraba una menor de edad y una estudiante.
• Cinco personas permanecen bajo proceso judicial: cuatro mujeres y un hombre.
• Dos de las mujeres detenidas enfrentan las acusaciones más graves, al ser señaladas como presuntas responsables de intentar incendiar a policías.
• Ambas fueron trasladadas al penal de San Francisco Kobén, donde esperan la audiencia ante un juez que definirá su situación jurídica.

La resolución final dependerá de la valoración de pruebas por parte del juez y del desarrollo del proceso penal iniciado por la Fiscalía estatal.