
Este miércoles en la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para eliminar los privilegios en las jubilaciones y pensiones de exfuncionarios, particularmente para altos mandos, aunque aclaró que no incluiría al Poder Judicial.
La mandataria indicó que con esta modificación se ahorrarán 5 mil millones de pesos, los que se destinarán a programas del bienestar.
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La propuesta busca que las pensiones de exservidores públicos de alto nivel no excedan el 50 % de la remuneración que recibe el titular del Ejecutivo federal y que queden alineadas a límites razonables, salvo aquellas que estén previstas en condiciones generales de trabajo.
Este planteamiento forma parte de una política más amplia contra los privilegios y para garantizar el uso responsable del gasto público, según explicó Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sheinbaum subrayó que la iniciativa busca cerrar prácticas heredadas de administraciones pasadas en las que algunos exfuncionarios obtenían beneficios que superaban incluso los ingresos del presidente, y señaló que “este tipo de privilegios ofenden al pueblo” cuando millones de trabajadores reciben pensiones mucho menores.
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Pensiones exorbitantes
En agosto de 2025, el Gobierno federal difundió un informe sobre pensiones exorbitantes otorgadas a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y de Petróleos Mexicanos (Pemex), ejemplos que han servido de referencia para impulsar la reforma.
De acuerdo con el análisis, alrededor de 14 073 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro recibian en conjunto pagos anuales superiores a 28 mil millones de pesos, y 9 457 de ellos tienen pensiones mensuales que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos, con algunos casos que incluso superan el salario neto de la presidenta.
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En el caso de Pemex, hay más de 22 mil pensionados bajo el régimen de confianza cuyo costo alcanza cerca de 24 844 millones de pesos al año, y al menos 544 personas perciben montos por encima de las percepciones presidenciales. Algunos de estos pagos llegan a ser hasta 39 veces mayores al promedio nacional de pensiones, según cifras oficiales.
Las cifras difundidas por el Gobierno han generado críticas y debates sobre la justicia y sostenibilidad de estos esquemas, y han sido parte del argumento central de la administración de Sheinbaum para promover la reforma que limite los privilegios en jubilaciones financiadas con recursos públicos.
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