El impacto del huachicol fiscal en la economía mexicana ha alcanzado dimensiones alarmantes, con pérdidas superiores a 170 mil millones de pesos, según el análisis “Recaudación potencial del contrabando fiscal” elaborado por Petro Intelligence, citado por UNO Tv. Este esquema, que ha sido señalado como una de las amenazas más graves para el sector energético nacional, se ha consolidado como una modalidad de evasión que aprovecha vacíos legales y la debilidad institucional en los procesos de importación de hidrocarburos.
A diferencia del huachicol tradicional, que consiste en el robo físico de combustibles directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el huachicol fiscal opera mediante la manipulación de fracciones arancelarias. Los responsables introducen gasolina y diésel al país registrándolos como productos exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tales como lubricantes, alcoholes o aditivos.
Esta maniobra permite que los combustibles ingresen al mercado interno a precios considerablemente más bajos, lo que genera márgenes de ganancia elevados y distorsiona la competencia.
La sofisticación de este esquema requiere la intervención o el descuido de autoridades aduanales, así como el uso de permisos temporales de importación. Estos permisos son utilizados para declarar mercancías distintas a las que realmente se están introduciendo, lo que facilita la evasión fiscal y la comercialización ilegal de combustibles.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó este fenómeno durante su conferencia matutina del 8 de septiembre, donde detalló que el huachicol fiscal ha sido detectado en puntos estratégicos del país, entre ellos el puerto de Tampico.
En ese lugar, un buque fue interceptado tras haber declarado falsamente el transporte de productos que no correspondían a combustibles, lo que derivó en la detención de 14 personas, entre las que se encontraban empresarios, marinos en activo, un marino en retiro y exfuncionarios de aduanas, todos presuntamente vinculados a una red de contrabando que operaba principalmente en el estado de Tamaulipas.
En la actualidad, el huachicol se ha transformado en una actividad criminal de gran escala, al punto de que la Embajada de Estados Unidos en México la considera la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo superada por el narcotráfico.
La evolución hacia el huachicol fiscal marca un cambio en la naturaleza de este delito. Ya no se trata de perforar ductos o extraer gasolina de manera clandestina, sino de un entramado más complejo que involucra fraude fiscal, corrupción y complicidad institucional.
La administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de aplicar una política de cero impunidad para quienes participen en estas prácticas, con el objetivo de frenar el daño económico y restablecer la legalidad en la importación de combustibles.
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