El Mayo no se podía retirar por pagar sobornos al más alto nivel: “Con todos los partidos”, dijo Anabel Hernández

En la entrevista publicada por Aristegui Noticias, en el portal noticioso que lleva su nombre, la periodista e investigadora, Anabel Hernández, destacó que Ismael “El Mayo” Zambada, jefe histórico del Cártel de Sinaloa, no pudo retirarse del crimen organizado debido a la necesidad permanente de pagar sobornos a funcionarios del gobierno mexicano.

“Desde los inicios de su carrera criminal que abarca desde 1969 con Díaz Ordaz hasta que lo agarraron es decir, 10 sexenios donde practicamente los tres partidos políticos gobernaron durante ese periodo, donde El Mayo Zamabada siempre encontró la puerta para que el ñpresidente el turno le abriera la puerta y quedarse intiocable”, dijo la periodista que ya había revelado parte de esta revelación en su libro El Traidor, confesiones de Vicente Zambada Niebla.

El entramado

Zambada, considerado uno de los narcotraficantes más longevos y poderosos de México, explicó ante el juez que lleva su caso, que su fortuna y su libertad dependen de mantener una red de corrupción que abarca autoridades de todos los niveles, incluidas fuerzas de seguridad, militares, integrantes de la SEDENA y funcionarios de distintos partidos.

Hernández señaló que, aunque Zambada posee una riqueza estimada en 15 mil millones de dólares, una parte considerable de esos recursos se destina a sobornos para impedir su detención o extradición. Mientras continúe pagando estos sobornos, se ve forzado a permanecer activo en la estructura del cártel, operando negocios ilícitos y legales para financiar esta protección.

Su retiro, según lo expuesto en la entrevista, implicaría romper la cadena de pagos y dejarlo vulnerable ante las autoridades que él mismo corrompió durante más de cinco décadas. La periodista recalcó que esto demuestra cómo la corrupción institucionalizada en México ha condenado a figuras como Zambada a una “jubilación imposible” dentro del crimen organizado.

Tras las recientes declaraciones del delincuente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su gobierno tenga vínculos de complicidad o contubernio con miembros de los cárteles mexicanos. “No tenemos temor”, reiteró ante la posibilidad de que el exlíder del Cártel de Sinaloa exponga ante autoridades de Estados Unidos algún tipo de relación de la clase política mexicana con el narco.

Retiro imposible

La imposibilidad de retiro de Ismael “El Mayo” Zambada revela una dinámica profunda entre el narcotráfico y las instituciones estatales mexicanas. La estructura de corrupción, consolidada por décadas, obliga a Zambada a mantener un flujo constante de recursos hacia funcionarios y cuerpos de seguridad, lo que condiciona su supervivencia y libertad. El cese de esta relación significaría una pérdida instantánea de protección y, con ello, una exposición directa a la acción penal nacional e internacional.

La confesión del tal personaje desmantela el mito del retiro pacífico para capos legendarios del narcotráfico. En su caso, la acumulación de fortuna no representa una garantía ante el riesgo permanente de traición, operativos o extradición. A diferencia de otros jefes criminales que han buscado alejarse del poder operativo, su “jubilación” está atada a la lógica de los sobornos: dejar el negocio sería cortar la cadena de favores y protección que lo ha sostenido fuera del alcance de la ley. Este círculo vicioso forja una prisión invisible, en la que la única alternativa de salida es la captura o la muerte.

El testimonio también pone en evidencia la capacidad de penetración del poder criminal en todos los niveles políticos y administrativos del país. La extorsión permanente de recursos desde los cárteles hacia funcionarios crea una dependencia mutua, en la que tanto el capo como los servidores públicos arriesgan su seguridad y carrera ante cualquier ruptura del pacto corrupto.

La situación del “Mayo” es un reflejo de la fragilidad institucional ante la presión y el poder económico de grupos delincuenciales. La escala de los sobornos y la protección prolongada han consolidado un modelo donde el retiro es una ficción. No solo se posterga indefinidamente la posibilidad de una vida fuera del crimen, sino que también se perpetúa el ciclo de corrupción, favoreciendo la permanencia de estructuras criminales y la complicidad de funcionarios a largo plazo.